El revés legislativo de esta semana expuso la fragilidad del Gobierno, que aspira a incrementar sus bancas en las elecciones de octubre y, en línea con esto, se ve empujado a enfocarse de lleno en la campaña. Como si esto fuera poco, las denuncias por coimas salpican a las esferas más altas y crece la preocupación por el impacto de los audios que tienen como protagonista al ex director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pero que apuntan al binomio Milei.
Preocupado por las derrotas en el Congreso, el Gobierno analiza la estrategia judicial y se prepara para nuevos vetos
El Ejecutivo atraviesa un frente de múltiples conflictos, entre los que asoman el plano legislativo y su impacto en el plan económico.
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Javier Milei prepara nuevos vetos y el Gobierno analiza la estrategia judicial.
El Senado aprobó el jueves la ley de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes y no docentes, como también la ley que declara la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales en el Hospital Garrahan. En la misma sesión, la Cámara alta también rechazó de manera definitiva cuatro decretos delegados y un DNU.
“El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que va a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez más”, lanzó Javier Milei en X, en medio del debate caliente en la Cámara alta. En efecto, desde noviembre, los senadores percibirán un ingreso bruto de $10,2 millones, que tras el descuento del 35% por Ganancias quedará en $6,6 millones netos.
Así las cosas, en el Gobierno ratifican que Javier Milei "vetará cualquiera iniciativa que altere el equilibrio fiscal", lo que incluye las iniciativas aprobadas este jueves en el Congreso. Se estima que, al igual que los vetos anteriores, el Ejecutivo estirará lo más que pueda su publicación para ganar tiempo.
En el mientras tanto, el oficialismo busca aceitar su estrategia política, un proceso que empezó hace unas semanas cuando el asesor Santiago Caputo bajó el tono a su enfrentamiento con el clan Menem -algo que por estas horas se reavivó a raíz de las denuncias por coimas- y se ponderó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como integrante del "triángulo de hierro político". De hecho, el propio jefe de los ministros reconoció el jueves en el marco del Council of the Américas su participación en ratificar el veto al aumento en jubilaciones. “Ayer hice uso del teléfono y sacamos un empate; la semana pasada nos habían goleado. Evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar”, sostuvo el funcionario en un tramo de su discurso que pasó casi inadvertido.
Lo cierto es que, con los allanamientos a ANDIS y el secuestro del celular de su extitular, en Casa Rosada se abrieron nuevos frentes de conflicto, que obligaron a correr el foco de la estrategia oficial de cara a las derrotas legislativas. Sin ir más lejos, este viernes el presidente Javier Milei permaneció en la residencia de Olivos y hablará recién por la tarde, cuando cierre el acto central por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. En tanto, el vocero Manuel Adorni no realizó su habitual conferencia de los viernes, y evitó dar cualquier aclaración sobre las denuncias de corrupción.
Emergencia en Discapacidad
Respecto a la ley de emergencia en discapacidad, que fue ratificada esta semana en Diputados y deberá pasar al Senado, el Gobierno ya anunció que judicializará la iniciativa. "Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero", anticipó el propio Javier Milei semanas atrás.
En el Gobierno estudian por estas horas la estrategia judicial para avanzar con el rechazo a la medida. Según pudo reconstruir Ámbito, analiza ir con una denuncia contra la oposición, argumentando que no cuenta con el financiamiento para ejecutar dichas políticas públicas y que, pese a que esto fue manifestado, el Congreso optó por "imponer" la iniciativa. En segundo lugar, aunque menos factible, el oficialismo podría alegar que la sesión fue ilegal ya que su convocatoria es una atribución presidencial.
Sin embargo, Milei se enfrenta a un escollo para avanzar en su denuncia, ya que según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un impacto de entre 0,25% y 0,45% del PIB.
Como contó este medio, el Gobierno está dispuesto a incrementar las pensiones por discapacidad. Así lo confirmó el propio vocero Manuel Adorni en la previa de la sesión en la que finalmente se rechazó el veto. La medida, reconocieron en Balcarce 50 a Ámbito, fue un "manotazo de ahogado", aunque si bien no torció las voluntades de los diputados, sirvió para instalar en materia de comunicación -resta saber si con éxito o no- la concesión que realizaría el Ejecutivo. No obstante, un colaborador del Presidente señaló la idea es continuar reduciendo la cantidad de subsidios al sector, y en parte, utilizar ese dinero para los incrementos.
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