Preparan las pruebas para enviar a La Haya

El equipo encargado de comenzar a diseñar los argumentos para justificar la demanda contra Uruguay por la instalación de las papeleras de Fray Bentos se reunirá hoy en el Palacio San Martín, por primera vez desde que se concretó la presentación ante el tribunal de La Haya el 4 de mayo pasado. Puntualmente, en la sede de la Cancillería argentina, deberán estar presentes en primer lugar, los embajadores Susana Ruiz Cerutti, que continuará (con renovados apoyos de parte del propio Néstor Kirchner) dirigiendo el grupo, pero esta vez, compartiendo argumentaciones con la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.

La flamante funcionaria participa ahora dentro del grupo con su rol de integrante del gabinete nacional, cuando en la presentación de mayo había concurrido al tribunal radicado en holanda como abogada del gobierno de Entre Ríos.

También estarán hoy en la Cancillería, como asesor externo, el abogado Daniel Sabsay, y los representantes de la provincia mesopotámica, Juan Carlos Vega y Claudia Mizawak. La novedad es que ahora participarán también los abogados asambleístas Fabián Moreno Navarro, Ana Angelini, Ester Spotorno y Jorge Danelli, que fueron invitados especialmente por el gobierno nacional a sumarse al grupo de trabajo. A estos se sumarán los agentes que trabajan cerca de Cerutti y de Picolotti, en una reunión destinada a establecer un marco de trabajo que, a más tardar, a fines de agosto, debe culminar de diseñar los argumentos definitivos de la demanda argentina. En principio, la Argentina tendría hasta el 15 de enero de 2007 para llevar hasta La Haya la presentación final del caso de fondo. Sin embargo, la decisión de Kirchner es que el tema esté resuelto rápidamente, en lo posible, antes del 15 de diciembre, cuando nuevamente deba cruzarse con Tabaré Vázquez en una nueva cumbre del Mercosur, esta vez, organizada en Brasil.

En lo que se comenzará a trabajar hoy en la Cancillería será en la profundización de los argumentos llevados a la Corte Internacional el 4 de mayo, donde Ruiz Cerutti presentó la posición oficial de la Argentina. En ese evento, el país optó por un «paper» de no más de 15 páginas membretadas con el Escudo Nacional, donde la orientación apuntaba simplemente a asegurar que el país vecino, al autorizar como lo hizo el levantamiento de las pasteras Botnia y ENCE, había violado el Tratado del Río Uruguay firmado en febrero de 1975, lo que obligaba al gobierno argentino a recurrir al tribunal. En ese momento, la Argentina solicitó que «Uruguay esté obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben» y que «se suspendan inmediatamente todas las autorizaciones para la construcción de las plantas».

Vuelta de tuerca

La nueva presentación que efectivizará la Argentina partirá de los mismos conceptos y argumentos, pero le dará una vuelta de tuerca más directa al tema. Siguiendo la línea que inauguró el jueves pasado ante la asamblea popular de Gualeguaychú el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, el gobierno nacional busca que el proyecto se aborte a partir de la demostración de la generación de contaminación que provocarán las pasteras. Legalmente, esto se cruzaría con la mención realizada por el propio tribunal de La Haya, cuando esa Corte no hizo lugar el 13 de julio pasado al reclamo argentino de paralizar las obras, porque no se podía determinar fehacientemente que existiera contaminación hasta que el proyecto no esté en funcionamiento.

A partir de esta posición, entre la cancillería y los datos técnicos aportados por Picolotti, se asegura que las pasteras producirán más de un millón y medio de celulosa por año en una zona pequeña, lo que necesariamente causará contaminación. La funcionaria afirma que, más tarde o más temprano, esta realidad quedará comprobada, lo que obligará al tribunal de La Haya a sancionar a Uruguay, tal como se determinó en el fallo del 14 de julio.

El problema que reconoce la mayor parte de los integrantes del equipo que trabajará desde hoy en la Cancillería es que los tiempos que le demandaría a la Corte definir la situación demorarían no menos de tres años a partir de enero de 2007, con lo cual la decisión final sobre la situación de las pasteras de Fray Bentos se conocerían recién hacia 2010. En el interín, desde La Haya se formará una comisión internacional que analizará el tema, se llamará a expertos mundiales para integrarla y se diseñará un plan de acción que incluirá los límites ambientales que deben respetar las plantas para no ser consideradas contaminantes.

El desafío político para el gobierno de Néstor Kirchner será doble. Por un lado, tendrá que mantener el equipo de trabajo que permanentementedeberá ir abasteciendo de argumentaciones legales a los diplomáticos que vayan efectuando las presentaciones ante el tribunal internacional. Por el otro, y más difícil, tendrá que contener a los manifestantes de Gualeguaychú, que permanentemente le exigirán respuestas al Poder Ejecutivo nacional, mientras ven crecer en la orilla opuesta, en Fray Bentos, los proyectos de Botnia y ENCE. Hay que recordar que uno de los puntos fundamentales que debe garantizar el gobierno es que no vuelvan los cortes de rutas y de puentes binacionales en la zona, ya que la justificación que hizo la Argentina de estas acciones incluye el argumento de que éstos ya no se producirían luego de la llegada del caso a La Haya. Si se realizaran nuevos piquetes, la estructura legal local sufriría un serio revés, aseguran ahora entre la Cancillería y la secretaría de Picolotti.