Preparan megaplán de conversión de programas sociales en empleo

Política

Cuatro ministerios negocian con sindicalistas y piqueteros en la máxima reserva para un lanzamiento de alto impacto antes de las legislativas. 

El Gobierno prepara un megaplán de reconversión de programas sociales en empleo formal para lanzarlo en octubre junto a gremios y empresas. Se lo prevé como la gran apuesta postpandemia de la administración de Alberto Fernández de articulación de los sectores público y privado para atender un reclamo de espacios del oficialismo y desarmar un argumento opositor en cuanto a la subsistencia en el tiempo de los planes sociales. La iniciativa, diseñada en la máxima reserva, involucra cuatro ministerios, varios sindicatos de la CGT, cámaras empresarias de rubros como la construcción y la gastronomía y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El plan se encuentra en su etapa preliminar y bajo el monitoreo de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Juan Zabaleta; Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También se involucraron desde la CGT los dirigentes Héctor Daer, cosecretario general de la central y el sindicalista más cercano a Alberto Fernández, Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Otras aristas son la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la estatal de aguas y saneamientos AySA y entidades patronales del rubro hotelero y gastronómico.

El antecedente es el lanzamiento días atrás de un programa que permite la coexistencia de planes sociales con la contratación formal de trabajadores rurales en las cosechas de temporada, ideado para un alcance cercano a los 250 mil peones de todo el país. Los funcionarios programan en octubre un lanzamiento para un puñado de actividades de mano de obra intensiva y donde el impacto de la pandemia se sintió con particular intensidad, para eventualmente extender más adelante a otros ítems de la economía doméstica.

Como eje se utilizarán herramientas existentes como el plan Potenciar Trabajo, que prevé el pago por parte del Estado de la mitad de un salario mínimo, vital y móvil (es decir, 14.580 pesos) y a cargo de los empresarios el saldo restante hasta cubrir un sueldo básico del convenio correspondiente a cada actividad. La idea central pasa por echar mano de los centros de capacitación de los sindicatos de cada rubro para ofrecer cursos rápidos en oficios a los beneficiarios de planes sociales en condiciones de incorporarse a los puestos de trabajo demandados por la recuperación económica que marca el Ejecutivo a partir de la progresiva salida de las restricciones de la pandemia.

En la construcción el Ejecutivo espera una reactivación más sostenida en lo que resta del año y sobre todo en 2022, apalancada tanto en la obra pública como en la actividad privada. En ese aspecto prevén que será clave la capacitación en oficios que puso a disposición la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Gerardo Martínez. El dirigente calcula que al menos 70 mil obreros del rubro se quedaron sin trabajo durante la pandemia y buena parte de ellos engrosó los listados de beneficiarios de planes sociales. A ese núcleo apuntará centralmente el plan que lanzará el Gobierno en octubre.

Más sombrío incluso es el escenario de la gastronomía y el turismo, que en lo que va de la crisis sanitaria por el coronavirus estima haber perdido 200 mil puestos de trabajo. En la medida que avanzan las flexibilizaciones paulatinas para el turismo junto con el proceso de vacunación, la administración de Alberto Fernández prevé un repunte y mayor exigencia de trabajos de poca o mediana calificación para abastecer la demanda. La tercera pata del programa oficial apunta a la capacitación de perceptores de planes en las tareas de tendido y conexión de redes de agua y cloacas. Allí comenzó una coordinación entre Katopodis y los responsables políticos de AySA: Malena Galmarini y el gremialista José Luis Lingeri.

El anuncio y la puesta en marcha del plan están previstos para octubre de modo tal de funcionar como bisagra entre las PASO y las legislativas generales de noviembre. Es que la reconversión de planes a empleo se convirtió en un mantra para Gobierno y oposición: en el oficialismo, porque forma parte del tironeo constante con los movimientos sociales afines, referenciados en la UTEP y que tienen como referente dentro del Gabinete a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social en el ministerio que encabeza Zabaleta. En Juntos por el Cambio, en tanto, la persistencia de los planes sociales pasó a ser un caballito de batalla asociado al peronismo como método de administración de la pobreza, a pesar de que la propia gestión de Cambiemos multiplicó esos programas de asistencia en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal.

El programa en desarrollo guarda puntos de contacto con el denominado Plan San Martín de Desarrollo Humano Integral que el referente social Juan Grabois hizo girar hace un año en despachos oficiales y sindicatos de la CGT. Por entonces el dirigente pulseaba con el exministro de Desarrollo Social y ahora candidato a diputado Daniel Arroyo bajo la premisa de que la mera asistencia social sin reconversión a empleo genuino sólo logra solidificar los núcleos de pobreza.

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