Presentaron una querella en el país contra el franquismo

En la conferencia participaron figuras como Perez Esquivel.

Familiares de dos fusilados durante el franquismo en España se convirtieron en los primeros en entablar demanda judicial en el país, amparados en la jurisdicción universal que rige para los crímenes de lesa humanidad.

"Olvidar el pasado es cometer una injusticia con las víctimas de la represión, con las generaciones futuras. La búsqueda de justicia histórica, por dolorosa que sea, no sólo es importante para España sino que tiene ramificaciones para toda Europa", según un documento leído en la conferencia.

La nota la elaboró uno de los demandantes, el español Darío Rivas (90 años), un hombre de bigote y cabellera blanca, vestido con traje azul y corbata, y fue leída por su sobrina, Ana Campos Veiga (46 años) en una emocionada ceremonia entre lágrimas y aplausos de los presentes en una oficina de abogados.

Darío, uno de los dos primeros litigantes, es hijo de Severino Rivas, quien al ser ejecutado era alcalde en la localidad gallega de Castro de Rei, en Lugo.

"En España, se continúa viviendo como durante los 40 años de la dictadura de Franciso Franco (1939-1975). Hay en cierto modo un silencio cómplice. El camino de la concordia y de la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido", dijo Rivas en su carta.

La otra demandante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado al iniciarse la guerra civil en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.

"Este es un momento de agradecimiento a la Justicia y de alegría. Acabamos de iniciar la querella que lleva el número 4591. Cualquier víctima del mundo puede sumarse a ella", dijo uno de los abogados patrocinantes, Ricardo Uñis.

La causa recayó en la jueza María Servini de Cubría, quien tomó casos resonantes de corrupción y de fuerte contenido político durante los últimos 20 años en el país, elegido por los familiares para reactivar un enjuiciamiento paralizado en España por los ataques al juez Baltasar Garzón.

El caso que llevaba Garzón se frenó por acusaciones de grupos ultraderechistas, opuestos a la revisión de unos 113.000 casos de ejecuciones, entre otras delitos de lesa humanidad, desde que Francisco Franco se alzó en armas contra la República en 1936 y encabezó luego una dictadura hasta 1975.

"Este es un día histórico. Me tomé un calmante, pero hablo y me largo a llorar", dijo la sobrina de Rivas.

Ana Campos Veiga dijo también de su tío que salvó su vida a los nueve años cuando el padre, que sabía del peligro de los fusilamientos, lo puso en un barco con destino a Argentina.

"Estoy muy orgullosa de mi tío", dijo Campos Veiga, ante lo cual Nora Cortiñas, dirigente de la humanitaria Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora le respondió textualmente "Hoy tu tío es el tío de todos".

Darío Rivas viajó sólo y luego se inició "un silencio de muchos años, provocado por el miedo en la familia, hasta que 40 años más tarde encontró sus restos y pudo enterrarlo, en 2005", dijo la sobrina.

En la oficina de los abogados también estuvo presente para respaldar la demanda el Premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel.

"Se estima que fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes unas 113.000 víctimas del franquismo", había declarado Beinusz Schmukler, otro de los abogados patrocinantes.

Garzón cobró relevancia mundial cuando aplicó el principio universal al abrir juicios por terrorismo de Estado y graves violaciones a los derechos humanos en las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990).

Pero acusado Garzón por los ultraderechistas de iniciar una causa cuando hay una presunta amnistía, se reclama ahora "el ejercicio de la jurisdicción universal para que se investigue lo que fue un genocidio en España desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de julio de 1977", dijo otro abogado, Carlos Slepoy.

La última fecha corresponde al día de las elecciones democráticas tras la dictadura.