Privatizadas, complicada carga

La presidente electa hereda una complicada situación con las empresas privatizadas: dicho simplificadamente, casi todo está como en mayo de 2003, pero peor porque pasaron cuatro años y medio y ningún contrato fue renegociado en forma definitiva y, como se anunciara, con criterios distintos a los aplicados en el momento en que se firmaron en la década del 90.

Esa situación indefinida con los contratos es lo que más obliga al gobierno a conseguir la prórroga de la ley de emergencia en el Congreso. Sin ley, regirían en forma inmediata los contratos originales. También se necesita la norma por la existencia de numerosos juicios en tribunales internacionales, iniciados precisamente por accionistas de las privatizadas.

Si los contratos se hubieran renegociado, los litigios se habrían retirado pero por ahora, son muy pocos los que retiraronla demanda, mientras en buen número de casos sólo se suspendieron las acciones a la espera de las nuevas cláusulas con el Estado.

Al término de la gestión de Néstor Kirchner, las empresas atribuyen a razones políticas o electoralistas las demoras, aunque también habría una cuota de ineficiencia y hasta de desconfianza en lo que hicieron funcionarios del mismo gobierno.

Acuerdos

Por ejemplo, el Ejecutivo firmó acuerdos transitorios con Telefónica y Telecom en febrero y marzo de 2006, pero nunca los envió al Congreso para su aprobación. Los convenios sólo preveían una suba de tarifas en la franja horaria de 20 a 22 horas y ratificaban la vigencia de los contratos originales. No se sabe a cuál de las dos cosas se puede atribuir la dilación.

Aeropuertos Argentina 2000 ya tiene el acuerdo aprobado en el Congreso, pero el gobierno no dictó el decreto para ponerlo en vigencia. Puede ser que alguien dude de la ventaja de que el Estado acceda a parte de las acciones de esa concesionaria, pero no se entiende por qué entonces se llegó al convenio.

Los ferrocarriles urbanos de pasajeros ni siquiera empezaron la renegociación. En dos de ellos se rescindió la concesión, pero la gestión quedó a cargo de una unidad que integran las otras concesionarias. Es un servicio deficiente en el que no hubo avances en cuatro años, aun con el persistente aumento de los subsidios para gastos corrientes, y el reintegro de las inversiones efectuadas por las empresas en obras. A esto se sumará a partir del 1 de enero una suba en los pasajes que se definió sólo por una resolucióndel Ministerio de Planificación, sin acuerdo previo ni aprobación del Congreso.

Si no se prorrogara la ley de emergencia, ni siquiera se sabe cuáles serían los contratos vigentes, porque los originales fueron renegociados en los últimos meses del gobierno de Carlos Menem y vueltos a reformular durante la gestión de Fernando De La Rúa.

Si se toma el caso de las empresas de gas, sólo una (Gas Natural BAN) llegó a un acuerdo que está en vigencia y lo logró a cambio de que la casa matriz (Gas Natural de España) quedó a cargo de la indemnización (todavía en discusión) para el accionista minoritario, L&G de EE.UU.

Camuzzi Pampeana y Camuzzi del Sur tienen acuerdos firmados a fines de 2006 que no llegaron al Congreso todavía. Otras empresas, algunas de mucho peso en el sector del gas, como Metrogas, la mayor distribuidora del país, Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur no tienen aún nada acordado.

Con las eléctricas, hubo más avances. Hay acuerdos transitorios con las transportistas y con las distribuidoras que dependen del Estado nacional (Edenor, Edesur y Edelap),y en el caso de estas últimas se estaría por poner en marcha la revisión integral de las tarifas .

Por ahora, las promesas de nuevos criterios y más controles de la calidad del servicio y de las inversiones no se concretaron, y los organismos regulatorios siguen dirigidos por funcionarios nombrados por el Ejecutivo, sin pasar por los concursos para la selección que están pautados por ley en el caso del gas y la electricidad.