Reabrió Cafiero polémica sobre cuándo reprimir los secuestros

Diego Maradona y Juan Carlos Blumberg, en el programa de TV de "América". Maradona firmó el petitorio que impulsa el padre del joven asesinado por sus secuestradores, para endurecer las penas por delitos.

Juan Pablo Cafiero defendió ayer en una reaparición por radio la política de privilegiar la vida de la víctima por sobre cualquiera otra conducta, criterio que, dijo, imperó cuando era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El actual titular de Desarrollo Social desembarcó en la polémica abierta con la muerte del joven Axel Blumberg, quien, según sus padres, fue víctima de un criterio contrario impuesto por el fiscal federal de San Isidro para este tipo de delitos, Jorge Sica.

Según el relato que se conoce de los hechos, Sica es contrario a la política impuesta por Cafiero hasta agosto del año pasado de que la Policía no intervenga en los secuestros hasta que el delito esté consumado, es decir, que los familiares hayan pagado el rescate y la víctima haya sido devuelta con vida.

Cuando Cafiero (h) fue reemplazado durante dos meses por Juan José Alvarez, la actuación de la Policía avanzó en casos de secuestro sobre el delito en marcha, buscando salvar a la víctima pero también interrumpir el ciclo del delito, que se realimenta con los fondos pagados por la familia de los secuestradores. El criterio de la «era Juanjo» fue que si se tomaban los casos cuando ya estaban consumados, se estaba avalando desde el Estado un negocio sin riesgo: un secuestrador podría actuar con virtual impunidad sabiendo que los policías no lo acosarían mientras tuviera a la víctima en su poder.

Según el ex asesor frepasista y ex comisario de la Policía de Buenos Aires Edgardo Mastrandrea, en dos años nunca se alcanzó a recuperar ni un solo peso pagado por rescates de secuestros. En ese lapso, dice Mastrandrea, se pagó en conjunto más de u$s 1 millón, que ha realimentado la industria del secuestro.

Esta diferencia de criterios estalló con la denuncia de Juan Carlos Blumberg contra el fiscal Sica, acusándolo de haber ordenado la intercepción del auto Passat que los presuntos secuestradores de su hijo usaban para cobrar el rescate.

El fracaso en la captura de ese grupo en la bajada de Panamericana a Tortuguitas habría motivado la muerte de Axel, por venganza ante ese gesto de los fiscales.

• Justificación

Sica, titular de la fiscalía federal de San Isidro, justifica su defensa de la actuación contra ese delito mientras se está desarrollando en un estudio de la historia de ese tipo de crimen en la Argentina. Según Sica, desde la muerte en manos del ERP de Oberdán Sallustro (presidente de Fiat Argentina), en 1972, nunca se había producido la muerte del secuestrado en el intento de rescate por las fuerzas del orden. Como aún no está probado que los secuestradores de Blumberg fueran los mismos que transitaban por la Panamericana en el Passat de otro secuestrado anterior (gerente de Arcor), Sica desafía a quien le oponga datos sobre la inconveniencia de intervenir en los secuestros mientras la víctima está manos de sus captores.

El mismo criterio sostiene el fiscal penal para la casación Raúl Plee, quien afirma que actuar cuando el crimen ya está consumado da ventajas totales a los criminales porque cuando cobran un rescate y sueltan a una víctima ya están secuestrando a otra persona y de nuevo se benefician con el amparo virtual de la política de actuar después del delito.

La crueldad de este tipo de crímenes hace difícil optar por un camino u otro desde la experiencia de quien no los ha sufrido. El quebrando espiritual que produce el secuestro en la víctima y en sus familiares hace imposible proponer soluciones que no estén seriamentefundamentadas por expertos; más allá de que el dolor que víctima y familiares sufre es también una lección para decidir un rumbo.

Sica se anota entre esos expertos y por eso fue trasladado para hacerse cargo de la fiscalía federal especial de San Isidro. La idea de abrir esa fiscalía fue del ex procurador de la Nación Nicolás Becerra (hoy juez del tribunal del Mercosur), el año pasado, cuando visitó al intendente de ese municipio, Gustavo Posse, con los resultados del nuevo mapa del delito. Este estudio demostraba que la zona de Lomas de Zamora y la costa norte de Buenos Aires lideraban el ranking de secuestros.

Le sugirió a Posse buscar alguna solución y el intendente ofreció un edificio de la comuna para que se instalasen fiscales federales. Becerra aceptó y ordenó el traslado de Sica de Lomas de Zamora, donde había ganado experiencia en secuestros, para abrir esa fiscalía especial.

La apertura coincidió con la reforma del código de procedimientos que autorizó a los fiscales a efectuar allanamientos y detenciones, y limitó a los magistrados a su rol de jueces de garantías.Era efecto de los decretos, luego legalizados por la Legislatura de La Plata, de Felipe Solá para avanzar contra los desarmaderos de coches robados.

• Zona gris

Los delitos de secuestros se mueven en una zona gris de jurisdicción; cuando son express son perseguidos por la Policía provincial hasta que hay semiplena prueba de que cae en el agravante de la extorsión y deben pasar a la jurisdicción federal. Algunos secuestros son investigados desde el inicio por jueces y policías federales por el lugar donde ocurren o porque cuando se efectúa la denuncia ya es por «secuestro extorsivo» (ocurrió con el caso del padre de Jorge Rodríguez).

Esa zona gris de jurisdicción le permite, por caso, a Sica actuar como fiscal federal pero usando fuerzas federales o provinciales hasta que la instrucción termina definiendo la naturaleza del delito (secuestro express para algunos es una modalidad del robo y para otros del secuestro). Sica dice buscar la máxima eficacia en sus procedimientos armando comandos para cada acción por sorpresa y sin recurrir a equipos preexistentes. Cuando decide un allanamiento, le pide a la Policía provincial que le mande un agente de La Matanza, otro de Bernal, otro de San Fernando, otro de Tapalqué. No quiere que esos efectivos se conozcan de antemano porque teme que haya filtraciones de algunos cómplices de los criminales en la fuerza. Con el mismo propósito puede acudir en otras oportunidades al gobierno nacional para que le envíen, siempre de manera individual, efectivos de Prefectura, la Federal o Gendarmería.