Reparación polémica para el resto del país

El polémico Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense nació junto con la asunción de Eduardo Duhalde a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 1991. Gracias a un acuerdo con Carlos Menem, Duhalde consiguió una forma directa de financiar lo que en su momento se llamó la «máquina de cortar cintas», por la cantidad de obras que se anunciaban mensualmente al comienzo de su gestión.

El justificativo de la creación de un fondo especial para la provincia de Buenos Aires vino de la historia: se argumentó la necesidad de reparar el daño que se le había producido a los bonaerenses por el porcentaje que se le fijó a Buenos Aires en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, sancionada en 1988 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El perjuicio, dicen, se agravó por la inmigración interna que cargó especialmente al conurbano con población llegada desde el interior en busca de puestos de trabajo.

De todas maneras, ese índice de coparticipación siempre había sido considerado por el peronismo bonaerense como inferior a la distribución que le correspondía tomando en cuenta la población, superficie y actividad económica de la provincia.

•Distorsión

Para financiar esa «reparación histórica» se decidió tomar el equivalente a 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y la negociación política obligó a separar otro 4% del mismo origen para distribuir entre el resto de las provincias argentinas de acuerdo con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas elaborado con el INDEC. Así nació una de las distorsiones más complicadas al sistema de coparticipación de impuestos entre Nación-provincias. Otra más, que se sumó a lo que desde hace tiempo se llama « el laberinto de la coparticipación», plagado de asignaciones específicas para la distribución de impuestos y que, por complejo e ineficiente, sólo unos pocos entendidos pueden develar.

Pero la economía argentina siguió creciendo por esos años y, por ende, la recaudación de los impuestos como el de Ganancias. Por lo tanto, Buenos Aires cada vez recibía más fondos. Para asegurarse la transparencia del sistema se había creado una Unidad Ejecutora del Fondo del Conurbano encargada de informar en qué se usaban los fondos, una actividad que, aunque resulte inocente, hay que aclarar que nunca se cumplió con eficiencia.

En lo político, el Fondo del Conurbano comenzó a transformarse en una complicación para Menem. El margen de maniobra política que le daban a Duhalde esos $ 650 millones (igual en dólares por esos tiempos) provocaba conflictos dentro del PJ y con el propio gobierno central.

• Reclamo

Casi al mismo tiempo, hace ocho años, los santafesinos se colgaron de la misma idea y reclamaron un Fondo de Asistencia para el Gran Rosario, que se concretó en una suma fija de $ 30 millones, que aún sigue cobrando la provincia, con origen también en la recaudación impositiva.

La cuestión bonaerense fue el debate central del Congreso en varias ocasiones, ya que cada vez que debió discutirse la renovación del Impuesto a las Ganancias (tributo creado como de emergencia en origen y que, por lo tanto, rige por un período de tiempo, a diferencia del IVA por caso), las provincias planteaban un dilema: o se ponía límite al fondo de Duhalde o se repartía más para el resto. Los agujeros del colador de la coparticipación nacional seguían reproduciéndose.

Finalmente, tres años antes de que Menem terminara su segundo mandato, el Congreso decidió poner un tope de $ 650 millones, como suma fija al Fondo del Conurbano.

Ese monto pasó a registrarse como transferencia a la provincia de Buenos Aires, status que todavía mantiene, incorporado a la coparticipación de hecho, ya que para modificar el porcentaje por ley debería votarse la nueva Coparticipación Federal de Impuestos, que ilusoriamente se prometió en la reforma constitucional de 1994 para antes del 31 de diciembre de 1996. Una docena de proyectos ha pasado por el Congreso y el Ejecutivo desde ese momento, pero ninguno terminó de cristalizarse en la negociación con las provincias para sancionar lo que sin duda es la ley más difícil de debatir hoy en la Argentina.