Revés en Chubut: Arcioni no logró que se apruebe el Pacto Fiscal con Nación

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, sufrió un revés en la Legislatura provincial, que no tratará finalmente el Pacto Fiscal firmado con la Nación. Recién será retomado "en febrero o marzo".

Así lo resolvieron los diputados de los diferentes bloques luego de mantener una extensa reunión, de más de cinco horas, con los ministros de Coordinación de Gabinete, Economía e Infraestructura.

En el encuentro, pese a los esfuerzos, los funcionarios del Ejecutivo no lograron convencer a los diputados provinciales -sobre todo a los que son aliados y darían sus votos para que el mismo se apruebe-, respecto a la conveniencia del Consenso Fiscal firmado en noviembre con el Gobierno nacional.

Lo mismo sucedió con la Ley de Emergencia que tanto desde el bloque del Frente para la Victoria 810), como el de Agrupaciones (los 3 que responden a Gustavo Mac Karthy), reclamaron que se avance más en un diálogo informativo con los sectores que reaccionaron en contra de la misma, sobre todo los gremios y empresariales.

REUNION EXTENSA

Según cuenta el diario El Patagónico, los ministros llegaron puntualmente a las 10 y ocuparon el estrado del Salón Auditorio de la Legislatura ante la presencia de presidentes y legisladores de los distintos bloques políticos, asistentes y asesores.

El primer tema analizado fue el Pacto Fiscal firmado por el mandatario chubutense con el Gobierno nacional que mereció cuestionamientos ideológicos por parte de los diputados del PJ-FpV, Blas Meza Evans, Gustavo Fita, Gabriela Dufour, Estela Hernández, Viviana Navarro y Alejandra Marcilla, quienes expusieron reparos y distintas consultas sobre qué beneficio depara a Chubut el acuerdo fiscal y cómo afecta ello a los municipios y a los trabajadores de esta zona patagónica, en el marco de crisis económica.

El presidente del bloque UCR-Cambiemos, Eduardo Conde, realizó consultas puntuales para interiorizarse sobre el espíritu normativo de los proyectos enviados por el Ejecutivo, destacándose la vía del diálogo democrático para dilucidar cuestiones políticas en torno a estas leyes.

El retiro del tema de la sesión extraordinaria se resolvió cuando la presidenta del Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani -aliada al Gobierno provincial- aludió a la falta de diálogo con sectores gremiales y municipios para despejar sus preocupaciones acerca de las consecuencias del Pacto Fiscal en Chubut, y a la responsabilidad que afronta la Legislatura para aprobar de apuro proyectos que se pretende consensuar a último momento en la sesión extraordinaria.

LA DEFENSA

El ministro Coordinador, Sergio Mammarelli, defendió el Pacto Fiscal porque se enmarca en una línea programática federal en la concepción política del Gobierno nacional de achicar la carga fiscal para generar mayor actividad económica en el país, revirtiendo anteriores desajustes de política fiscal. Recalcó ante las críticas, que la mayoría de las provincias suscribieron dicho pacto fiscal y que fue avalado por el Congreso de la Nación.

El ministro de Economía, Pablo Oca, explicó la disponibilidad de fuentes de financiamiento y salió al cruce de los planteos, señalando que no se debe temer por el Pacto Fiscal dado que no implica desbalances para el presupuesto provincial.

En severa réplica los diputados de extracción sindical, Fita y Carlos Gómez, aludieron a las pérdidas de fuentes de trabajo en Chubut y reiteraron sus críticas a la política económica nacional en un contexto inflacionario.

Sobre la posible incidencia que podría tener el Pacto Fiscal acordado con Nación en la política de combustibles para esta región patagónica y en la aplicación del Fondo Estímulo del Trabajo, Oca aseguró que no están afectados.

Respecto al presupuesto, tal como adelantó El Patagónico, el Ejecutivo aceptó revisar la redacción del artículo 18, por el cual se proponía modificar la ley que sostiene el bono hidrocarburífero. Luego de un intercambio de opiniones, los ministros adelantaron que hoy girarán un nuevo texto en el que debería quedar claro cuál será el destino que se le quiere dar a los fondos, inicialmente y por ley, reservados para obras de infraestructura y no para "políticas públicas", como se introdujo en el texto original que se envió a la Cámara de Diputados.