Robar con armas, no excarcelable

La propuesta más ambiciosa que, en materia legal, promueve Felipe Solá para amortiguar la avalancha criminal que sacude Buenos Aires apunta a endurecer al máximo el régimen de excarcelaciones, prohibiendo ese beneficio en cualquier delito cometido con armas de fuego.

Con esa modificación, la variable judicial es profunda: el robo, el secuestro (al igual que la privación ilegítima de la libertad) o el asalto, por citar los casos más recurrentes, se convertirán en ilícitos cuyos implicados no podrán gozar de la excarcelación.

En los hechos, implica incrementar la presión penal sobre el delito. Tras la reforma de León Arslanian en 1998, que promovió un proceso inverso, esa tendencia comenzó a revertirse de la mano de Carlos Ruckauf y siguió, en el último tiempo, profundizando aquella línea.

De todos modos, esa iniciativa no figura en el paquete de leyes que esta semana tratará la Legislatura provincial. Antes deberán esperar que el Congreso nacional retoque el Código Penal, en el capítulo referido a las penas para delitos cometidos con armas de fuego y de guerra. (Ver vinculada)

Pero como ese paso está, en principio, garantizado, la semana próxima, también en «sesión especial» el Parlamento provincial avanzaría en esa reforma, modificando el Código de Procedimiento Penal, norma que refiere a la instancia procesal en las causas.

Así y todo, entre mañana y el miércoles, -días sándwiches entre los feriados por la Guerra de las Malvinas y por Semana Santa-, diputados y senadores provinciales votarán un rosario de reformas para «agilizar los trámites procesales», anticipó ayer el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco.

Esos cambios, que hace tiempo venían debatiendo legisladores y funcionarios judiciales, se compilan en una megarreforma que otorga mayores facultades a las víctimas, traba el « festival» de las apelaciones y acelera los procesos en delitos flagrantes, entre otras cuestiones.

El viernes pasado, durante un encuentro con Solá y Di Rocco, los jefes parlamentarios Juan Amondarain y Horacio Román por el Senado, y Juan Garivoto y Osvaldo Mércuri por Diputados, acordaron las reformas a analizar y aprobar esta semana. Las más importantes son:

• Los fiscales -que deben atender infinidad de casos podrán priorizar las causas penales más graves. Con esto, podrán abocarse a investigar determinados hechos mientras los ilícitos menos relevantes, atendiendo la emergencia, quedarán relegados y con la instancia judicial congelada para evitar que esos delitos prescriban.

• Para impedir la acción de los denominados «sacapresos», en los delitos detectados «in fraganti» se fijará un plazo máximo de investigación preparatoria de 15 días. Actualmente, la pesquisa de un hecho de esas características puede durar hasta un año y medio.

• Habrá límites «temporales y de forma» para las apelaciones en la instancia procesal. Ese recurso de «apelación permanente» es usado por los abogados defensores para extender los procesos y, luego, solicitar el beneficio del 2X1 para sus defendidos que rige cuando no existe aún sentencia firme.