San Luis - La Constitución provincial quedó sujeta a revisión total ayer, al dar la Cámara de Diputados sanluiseña sanción definitiva a la ley que declara la necesidad de reformar el texto vigente.
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El proyecto -aprobado a instancias del bloque del Frente Justicialista, que cuenta con la mayoría calificada-fue acompañado por los legisladores del radicalismo identificados con Melchor Posse. La iniciativa logró el aval de 34 diputados sobre los 29 necesarios, con los que de todas formas contaba el oficialismo. La ley ordena la convocatoria a elecciones de 52 constituyentes titulares -es el número total de diputados y senadores provinciales-, cuya fecha fijará la gobernadora Alicia Lemme por autorización legislativa. La futura convención podrá revisar todo el cuerpo constitucional (el preámbulo, los 287 artículos y las disposiciones transitorias), sancionado en 1987.
Aunque no quedó expresada taxativamente en la letra de la ley, el oficialismo dejó sentada su intención de que se reduzca la cantidad de miembros de la Cámara de Diputados, además de actualizar el régimen municipal (con el achicamiento del número de concejales y de concejos deliberantes). Es voluntad, además, avanzar aún más en la reducción del gasto político y darle rango constitucional a la Comisión de Derechos Humanos.
En tanto, la eliminación o no de la cláusula que prevé la reelección indefinida del gobernador de la próxima Carta Magna se presenta como uno de los puntos centrales del futuro debate.
La oposición en los últimos años reclamó su limitación a través de la enmienda, mien-tras que el oficialismo dobló la apuesta planteando que debía ser fruto de una reforma amplia. Los ocho diputados de la oposición que votaron en contra se declararon «reformistas». Sin embargo, algunos terminaron rechazando la iniciativa del PJ porque eran partidarios de una «revisión parcial» y otros consideraron que «el debate debía darse en el segundo semestre de 2003 porque ahora no es el momento adecuado por el clima político institucional nacional y la campaña electoral presidencial».
Especularon, en este sentido, con que el oficialismo local haría coincidir las elecciones de convencionales con los comicios presidenciales del 30 de marzo, de modo tal que la lista del PJ provincial esté unida a la de Rodríguez Saá.
En tanto, la Alianza UCR-Frepaso volvió a mostrar la ausencia de conducción, uno de los síntomas de la crisis por la que atraviesa: en el Senado apoyó el proyecto oficialista, mientras que en Diputados lo rechazó.
Con todo, la fecha no está resuelta, y la convención podría respaldar la recientemente sancionada ley de acortamiento de mandatos, dictando una cláusula de caducidad.
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