8 de febrero 2021 - 12:58

Vialidad: otro testigo desestimó maniobra para pagar sobreprecios

Un agente de carrera de la DNV descartó que el mecanismo de redeterminaciones de valores haya sido usado para que el Estado pague de más por una obra vial.

Lázaro Báez, uno de los imputados en la causa conocida como Vialidad.

Lázaro Báez, uno de los imputados en la causa conocida como "Vialidad".

Imagen: Wikipedia

Lejos de ratificar la hipótesis sobre altos porcentajes de pago de sobreprecios, en la primera audiencia del año del juicio a Cristina Kirchner otro testigo descartó que el mecanismo de redeterminaciones de valores haya sido usado para que el Estado pague de más por una obra vial. “Redeterminar no es hacer un sobreprecio”, afirmó sin dudar y bajo juramento Leonardo José Durante, Empleado de la Dirección Nacional de Vialidad desde 1997.

Como ocurrió durante todo el año pasado, en la reanudación del juicio conocido como “Vialidad” los jueces del Tribunal Oral Federal Nº2 escucharon a otro testigo que no acreditó las irregularidades denunciadas en la obra pública de la Provincia de Santa Cruz. Al contrario de lo que aseguran algunos medio de comunicación, el debate oral está muy lejos de probar el pago de sobreprecios a favor del empresario Lázaro Báez.

En esta oportunidad, un agente de carrera de la DNV que se desempeña en el área de auditoría rebatió con su testimonio uno de los argumentos centrales de la acusación, que afirma que las redeterminaciones de valores de las obras en cuestión fueron un mecanismo para esconder el pago de los mecionados sobreprecios.

Propuesto por la defensa de Báez e interrogado por todas las partes por más de una hora, Leonardo José Durante explicó que “la redeterminación de precios se hace en base a la variación de costos por la inflación”. Es decir, si una obra es licitada en un determinado monto, con el correr del tiempo y a medida que avanzan los trabajos, esos montos se van redeterminando a pedido de la contratista. En una economía inflacionaria como es la argentina, es algo habitual en todas las obras que contrata el Estado. Según detalló el testigo “el procedimiento se calcula en base a un índice del Indec”, criterio que “siempre se mantuvo” a lo largo de los años y en todas las obras de todas las provincias. Se analiza “ítem por ítem, material por material” y en base a eso se hace el cálculo de cuánto más se le debe pagar a la empresa. Y, ante la consulta de la fiscalía, detalló que siempre para poder redeterminar precios la obra tenía que estar en un “avance razonable y correcto a su plan”.

“¿Existe la posibilidad de que se hallan redeterminado precios por encima del índice del indec?”, preguntó uno de los abogados defensores. “No”, respondió Durante sin dudar. Ante la consulta, el técnico explicó, además, que si hubiera una variación entre valores del Indec y los de mercado eso “no se refleja en la redetermianción”.

En una suerte de ping pong de preguntas y respuestas, el empleado de Vialidad descartó varios de los ejes de la denuncia que originó este juicio:

-“¿El valor redeterminado no significa un sobreprecio?” “No. Redeterminar no es hacer un sobreprecio”.

-“¿Tiene conocimiento de alguna redeterminación de precios a favor de Lázaro Báez?”, interrogó luego Juan Villanueva, uno de los abogados del empresario. “No”.

-“¿Pudo observar la existencia de valores por encima del mercado en la provincia de Santa Cruz?” “No”.

Al mismo tiempo, al igual que todos los testigos que lo antecedieron, Durante explicó porqué los valores de una obra en la Patagonia pueden ser más elevados que en otro lugar: “A mi modesto saber, los precios no son todos iguales en todas las puntas del país. No es lo mismo hacer una obra acá en la esquina que en otro extremo del país. Los precios no siempre son iguales en toda la Argentina. A lo sumo puede haber parecidos por regiones”, dijo.

Una parte importante del interrogatorio estuvo centrado en una auditoría interna de la DNV del año 2013 sobre cinco provincias, entre ellas, Santa Cruz. La Fiscalía y la Oficina Anticorrupción buscaron sin éxito algún indicio de irregularidades detectadas en ese informe sin que nadie haya accionado para remediarlas o denunciarlas. Sin embargo, el testigo explicó que ese trabajo tuvo un “carácter general”, que fue solo una “muestra”, por lo que sólo recomendó más controles y no planteó faltas puntales en algun distrito en particular.

“¿De haber advertido alguna irregularidad, usted lo hubiera informado?”, preguntó Villanueva. “Si yo hubiera visto alguna irregularidad, si”.

De esta manera, una vez más, sin resultados positivos para la acusación finalizó la primera audiencia del año del juicio que tiene en el banquillo de los acusados a la actual Vicepresidenta de la Nación y a otros doce imputados.

Este martes iba a tener lugar una nueva audiencia, pero fue suspendida ya que la fiscalía desistió de uno de los testigos y el otro que estaba previsto informó que dio positivo de Covid. Así las cosas, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dispusieron un cuarto intermedio recién hasta el próximo 22 de febrero.

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