Vialidad: una testigo se desdice de su declaración de 2016 y revela que había seguro por obras inconclusas

Política

Confusa testimonial convocada por la fiscalía. Contadora había incriminado a superiores durante la instrucción, para luego presentar un escrito en el que decía que había estado "mareada y confundida". Ahora, frente al TOF dijo no recordar la mayoría de las cosas que le preguntaron. Cae hipótesis de perjuicio para el erario público a través de los adelantos (había "caución" a favor del Estado).

El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo sobre los supuestos beneficios a Austral Construcciones a través de los pagos anticipados de obras. La fiscalía y las querellas buscan probar que ese mecanismo fue utilizado para favorecer a Lázaro Báez. Con este fin, en la audiencia de ayer fue convocada como testigo Claudia Bellofato, empleada de Vialidad Nacional desde 1999. Pasó por diferentes áreas, entre ellas, la estratégica Unidad de Control de Procesos Licitatorios, la jefatura de Contabilidad y de la División Técnica Operativa.

Uno de los puntos llamativos de su declaración fue cuando mencionó a las empresas del Grupo Austral como las únicas que recibían los pagos anticipados. Aunque dijo “desconocer” el motivo de la exclusividad. Sin embargo, en una de las audiencias de la semana pasada, se exhibió ante el Tribunal la lista de la DNV de los beneficiarios de los adelantos, en la que figuraban entre siete y ocho contratistas diferentes que recibían los anticipos.

Algo nerviosa, y con el aire acondicionado roto en la sala de audiencias, la contadora dijo ayer que se sentía mal y tuvo que interrumpir su declaración. Por momentos la fiscalía buscó imprimirle más intensidad al interrogatorio, lo que provocó algunos cruces con las defensas.

El telón de fondo de la tensión en torno del testimonio de Bellofato estaba centrado en sus propios dichos durante la etapa instrucción. La mujer, había declarado durante más de seis horas ante el juez Julián Ercolini e involucrado en supuestas maniobras para beneficiar a Báez a sus jefes directos, Oscar Elorriaga y Sergio Passacantando, ambos imputados en otro tramo de la causa y que no forman parte de este juicio, en una causa que se encuentra desdoblada como otras del mismo estilo. Sin embargo, ahora, ante el Tribunal Oral casi todas las respuestas fueron “no recuerdo”y “desconozco”.

Esta situación –a pesar de la queja de las defensas- llevó a la lectura por parte del Tribunal de algunos de los pasajes de su declaración durante la investigación en el año 2016. Declaración que sin embargo, cuatro días después, buscó ella misma derribar al presentar un escrito en el que decía que al hablar ante Ercolini se había sentido “mareada y confundida”.

“Sí. Es así. No recordaba eso que dije”, refirió la funcionaria cuando se le recordó este lunes sus dichos sobre su salida del área de control de procesos licitatorios, por supuestas diferencias con sus superiores. Pero, al mismo tiempo, agregó que sólo discutieron por tres expedientes (de los miles que se tramitaban) y que pidió el cambio de área por una cuestión económica.

“Los responsables de las empresas y los apoderados eran similares. Los bancos también se repetían”. Fue otro de los tramos de su declaración de 2016 que ratificó la testigo. Este pasaje del testimonio benefició a la acusación, que busca determinar que Báez era el único beneficiario de las obras públicas viales en Santa Cruz.

Sin embargo, por otra parte, la profesional desmintió que haya sido manipulada por sus superiores para dibujar expedientes, lo que fue celebrado por las defensas: “¿Cuáles fueron las diferencias de criterio con Olarriaga?”, preguntó uno de los abogados. Bellofato respondió que él “trataba de incidir en sus informes contables, pero finalmente aplicábamos mi criterio. Discutíamos todos los días”. Esas discrepancias -dijo- fueron las que hicieron que pidiera cambiar de sector.

Los pagos anticipados fueron habilitados por una resolución, la 899/2010, firmada por el entonces administrador general de Vialidad y actual imputado en la causa, Nelson Periotti. Según explicó Periotti en su indagatoria, aquella medida tuvo el objetivo de darle un marco normativo a los pagos por adelantado, ya que no existía con anterioridad. Lo que afirman desde la gestión anterior al macrismo, es que Santa Cruz estaba relegada en materia de obras viales, por lo que impusieron el objetivo de reparar esa situación.

El fiscal de juicio Diego Luciani le preguntó a la testigo “cuánto tiempo se tardaba en calcular los pagos anticipados”. “Un día o dos. Mas de eso no se tardaba”, detalló la profesional.

Y explicó que ese breve plazo estaba establecido por la normativa. “Llegaba el expediente y ese era el tiempo que en el que se procesaba”, añadió. Sobre este punto, las palabras de Bellofato coincidieron con todos los testigos de la semana pasada, quienes mencionaron la rapidez con la que se tramitaban los pagos para que las obras pudieran comenzar. A su vez, todos declararon que a las empresas que se les pagaba por adelantado se les descontaban intereses y recibían menos dinero que lo licitado. “Se calculaban intereses para luego descontarles a las empresas”, dijo la contadora bajo juramento.

Pero, además, Bellofatto agregó un elemento que hasta ahora no era conocido y que daría por tierra con la hipótesis de algún tipo de desvío de fondos a través de los pagos anticipados: explicó que se firmaban seguros de caución por los anticipos. Es decir, que el Estado nunca iba a perder plata si la obra no se hacía, ya que el seguro cubría el pago adelantado ante esa eventualidad.

Para finalizar, a contramano de lo que había sugerido en su testimonial del año 2016, la funcionaria de la DNV afirmó que nunca recibió órdenes de sus superiores de hacer o dejar de hacer algo para beneficiar a alguna empresa en particular.

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