Sentirse con menos derechos

Mauricio Macri

No es lo mejor, ni común, que ante una información pública un hombre de prensa mire su propia persona. Pero se siente el cosquilleo que frente a la ley ya no se tiene los mismos resguardos que el martes, un día antes de modificarse el régimen del Consejo de la Magistratura y quedar los jueces demasiado bajo la égida del gobierno.

Afecta a todos, desde este miércoles negro, pero más a quienes con alguna actuación pública hayan manifestado no estar de acuerdo con todo lo que disponga un gobierno, el actual o el que viniera, principalmente éste donde el Presidente, en sus expresiones que se difunden, invoca al «pueblo», como si éste lo formaran sólo los que lo votaron cuando, además, fue 40%. Basta para gobernar con legitimidad. No para hegemonizar.

Es una excepción quien en su vida no pase por un juzgado. No sólo por delitos o eventuales delitos relevantes sino por un conflicto de intereses con un socio, por herir a un ciclista, por una disputa con personal doméstico, por mover un billete falso sin saberlo, por un juicio laboral, por una inequidad impositiva. Muchas posibilidades.

No sólo uno piensa que menguaron sus derechos de igualdad ante la ley. También para los 88 legisladores que no votaron la reforma. También para las empresas y empresarios que no puedan sostener un precio acordado con el gobierno. Y para los periodistas de este diario. Y para los directivos y columnistas de «La Nación» y otros medios, aunque pocos. Por derivación, a cualquier periodista que haya discrepado. Igualmente para la durísima oradora Alejandra Oviedo que en pleno recinto de Diputados fustigó duramente la finalmente aprobada «reforma» que bien podría ser «estertor» de la independencia de la Justicia en la Argentina.

Le puede suceder hasta a Horacio Verbitsky que se opuso aunque él tiene una ventaja única sobre los demás discrepantes, como es en último recurso, ante una injusticia, de recurrir a una Corte Suprema que él ayudó a conformar con mayoría adicta al gobierno.

¿Qué sucederá con una institución civil como el club Boca, vinculado a un no votante de la reforma como Mauricio Macri, que tendrá necesariamente que dirimir en la Justicia el intento municipal de abrirle innecesariamente una calle que partiría en dos sus instalaciones deportivas? Y cómo le puede ir frente a un estrado judicial a la señora María Pando de Mercado, esposa de un teniente militar hoy puesto en disponibilidad porque precisamente su mujer publicó en «La Nación» una carta crítica al gobierno. Y a los ex duhaldistas del grupo El General que negaron sumarse a los otrora opositores José María Díaz Bancalari y matrimonio Barrionuevo que votaron sí por esta pérdida de independencia del Poder Judicial. Y a organizaciones y dirigentes de Poder Ciudadano, Instituto de Estudios Comparados y otros organismos no gubernamentales, que hicieron un último intento desesperado de evitar la sanción de este proyecto rodeando el edificio del Congreso.

¿Alguien puede suponer que estarán en igualdad de condiciones frente a jueces supervisados por el gobierno el diputado Francisco de Narváez, que votó en contra, y Carlos Ruckauf que les anunció a todos los magistrados, con su voto a favor, que pasó a ser «neokirchnerista» y entonces goza de privilegios? El gran desfalco del duhaldismo, con Carlos Ruckauf a la cabeza como gobernador, contra el Banco Provincia de Buenos Aires ¿ algún juez lo reactivará? ¿Puede tener mínima chance de asumir como legislador Luis Patti si su reclamo es, precisamente, ante jueces arrinconados por la «reforma»? ¿Quién de los 9 conjueces -falta designar uno- se atrevería a reponer en la Corte Suprema a Antonio Boggiano si el gobierno dispuso sacarlo pero aún resiste? A Tomás Inda, que había votado a favor de Boggiano, le crearon un imprevisto juicio político. Y otro que votó igual, Mario Lazana, imprevistamente renunció.

• Alineamiento<br><br>

Los jueces laboralistas en la Argentina son mayoritariamente antiempresas. En sorprendente cantidad fueron designados y ascendidos con anuencia o por pedido del sindicalismo. Además, son monitoreados permanentemente en sus decisiones por la CGT de Hugo Moyano. ¿Qué empresa, salvo empresarios declarados «neokirchneristas», tipo Enrique Pescarmona, tiene chance de sobrellevar un juicio laboral correcto si el juez o sala que disponga eso ahora, además del monitoreo de sentencias de Hugo Moyano, podrá llamar a la Casa de Gobierno y decir que tomen nota de tal o cual magistrado para un posible juicio político tipo Tomás Inda? ¿Qué estrado se atreverá a declarar alguna inocencia en el nuevo juzgamiento de más de 200 militares? ¿O condenar a un funcionario del gobierno como Luis D'Elía por haber tomado una comisaría?

Nadie dijo en el debate de Diputados algo muy importante: toda sentencia judicial -aunque sea justa la condena o sanción- contra alguien que manifestó no comulgar con el gobierno pasará a ser sospechoso en este nuevo contexto del Poder Judicial. Esto es devastador para la credibilidad en la Justicia.

La reforma del Consejo de la Magistratura ha puesto a los jueces frente a un ábaco judicial donde anotará el oficialismo, que puede frenar designaciones que no le agraden, parar juicios políticos o iniciarlos, sumando 3 votos a los 5 que ahora tendrá permanentemente. Algún juez podrá tener la audacia de sentenciar a favor de un opositor o en contra de Hugo Moyano, si cree que es justo, pero automáticamente le correrán una bolilla negra. Deberá compensar rápido con una o más blancas o correrá riesgo su estabilidad. Ya será peligroso votar la inconstitucionalidad de esta ley, que alguno se arriesgara a hacerlo, para morir su intento en una Corte Suprema que disimula independencia en temas chicos pero alinea su mayoría en los importantes para el kirchnerismo. El gobierno tiene formas para enjuiciar magistrados y juzgarlos después.

Un juez íntegro no se enriquece sino que puede vivir sólo con dignidad con los magros haberes que se pagan en el país por una magistratura. Suena utópico esperar que arriesguen siempre el bienestar suyo y de su familia, su trayectoria si es desplazado por juicio, su resguardo de vejez, cuando gozarán de prebendas quienes lo introdujeron ahora en el brete que si juzga siempre con equidad -aún a los que discrepan o a quienes no aceptan los designios oficialesel gobierno se moleste y lo deje en la calle, porque ya tiene más medios «legales» para hacerlo. Si hasta hace unos meses sorprendió hoy es risible aquella afirmación de la miembro de la Corte Suprema Dra. Carmen Argibay cuando aconsejó públicamente desde una revista que «los jueces argentinos tengan la audacia de ser independientes».

No es para no efectivizarla en hechos que el gobierno arriesgó tanto prestigio, interna e internacionalmente, sobre todo afuera en las organizaciones de derechos humanos. Tanto es así que esta sanción fue la más resistida en un Congreso habitualmente condescendiente en casi 3 años de gestión de Néstor Kirchner.

Fue comprensible la resistencia porque ésta fue la «madre de todas las batallas» para el gobierno. De ahora en más se podrá hegemonizar el país simplemente vigilando el comportamiento de los jueces sin arriesgar imagen.