Un nuevo gesto simbólico por el 30º aniversario del golpe de Estado tuvo lugar ayer en el gobierno nacional. Nilda Garré -ministra de Defensa- autorizó el pleno acceso a la documentación y bases de datos de las Fuerzas Armadas que puedan ser de interés en las investigaciones de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, algo que ya habían intentado sin éxito anteriores gobiernos democráticos.
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La resolución abarcaría al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los estados mayores generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y toda dependencia o repartición del Ministerio de Defensa, i n f o r m ó ayer un comunicado de esta cartera. Sin embargo, la realidad indica que Reynaldo Benito Bignone, ante el derrumbe anunciado de la dictadura, habría ordenado la destrucción de todos estos archivos.
Además, la medida adoptada por el Ministerio de Defensa llega, casi como otra sobreactuación, cuando falta un día para la conmemoración del 30º aniversario del último golpe de Estado. Pero surge también dos días después del escándalo de espionaje en la Armada que obligó a cerrar sus servicios secretos.
Ayer, el Juzgado Federal de Rawson, a cargo de la investigación por el espionaje en la Armada, secuestró documentaciónen un allanamientoa la Base Puerto Belgrano de Bahía Blanca, en tanto que desarrolló otro operativo al edificio Libertad, sede del arma en Buenos Aires. «Se espera que mañana -por hoy- lleguen algunas CPU secuestradas en un allanamiento a la Base de Puerto Belgrano. En el edificio Libertad no se secuestró nada», confirmó el secretario del Juzgado Federal chubutense, Rodolfo Miquelarena.
El juez Jorge Pfleger se concentró ahora en las ramificaciones del caso de espionaje y la escala ascendente dentro de la Armada lleva inevitablemente a Puerto Belgrano y el edificio Libertad. Un adelanto de estos avances había dado ayer por la mañana el gobernador chubutense, Mario Das N e v e s , quien confirmó el hallazgo de más material que probaría tareas de espionaje ilegal desarrolladas desde la base naval de Trelew. Das Neves, quien se presentó en nombre de la provincia como querellante en la causa, indicó que se halló documentación y videos relacionados con el seguimiento de dirigentes y funcionarios de distintos ámbitos. Dijo que «está convencido» de que «van a haber definiciones judiciales muy pronto», porque «los documentos aportados a la causa son de gran contundencia». Hasta ahora, filmaciones, dos computadoras portátiles e información contenida en otros soportes informáticos, además de un centenar de carpetas, forman parte del material secuestrado.
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