17 de febrero 2006 - 00:00

Sin solución razonable

Jorge Taiana
Jorge Taiana
No hay nadie que crea --seriamente sin utopismos ni meros deseos-que pueda haber solución a la vista en el caso de las papeleras uruguayas. Ayer el canciller argentino Jorge Taiana volvió a exponer en el Congreso ante una comisión del Senado y mostró la misma dureza hacia Uruguay que había mantenido ante una comisión de Diputados el martes. Un ejemplo de su firmeza y lo decidido que está el gobierno se encuentra en este párrafo: «Desde fines de 2003 Uruguay ha violado el derecho internacional en tres oportunidades, afectando los derechos e intereses de la Nación Argentina y poniendo adicionalmente en riesgo el bienestar y la salud de una parte de su población».

Agregó que el vecino país «se ha burlado» de la Argentina por decisiones unilaterales sobre un río común a ambos y adhirió a pedir a la Corte Internacional de Justicia una «medida cautelar» sobre la construcción de las plantas como le sugirieron algunos diputados. Una «medida cautelar» es poco seria en este caso porque requiere un poder de policía para efectivizarla que sólo se da internamente en países o, internacionalmente, en grandes conflictos que movilizan fuerzas multinacionales.

No obstante, para la Argentina ir a la Corte de La Haya, aunque diste de tener solución cercana, es lógico no porque sea una idea arbitraria sino porque es el tribunal de resolución de controversias que fijó el mismo estatuto sobre el río Uruguay, firmado en 1975, entre ambas naciones. Ese estatuto tiene para los países el carácter de una ley especial.

A su vez el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, según informó ayer el diario «El País» del vecino Estado, dijo que Uruguay recurrirá a la ONU, algo que suena más disparatado aún pero sería más reacción explicable porque Uruguay efectivamente actuó unilateralmente en disponer sobre el río común y no tiene mucha posibilidad de salir airoso de la Corte de La Haya, aunque cuando llegue la resolución probablemente las plantas estén terminadas y contaminando.

Que el ex presidente uruguayo Jorge Batlle haya dicho, en nuestra edición de ayer, «soy responsable» es una definición porque no expresó que cumplió tratados ni cláusulas, ni acuerdos que lo autorizaran a esa acción unilateral de permitir la segunda planta (una sola significaba contaminación soportable).

Ayer la Corporación Financiera Internacional -en definitiva el decisivo Banco Mundial hizo en esta Capital su segunda y última reunión, sin mayor novedad con relación a la primera que se efectuó en Montevideo excepto una: hay ya un experto designado para hacer un nuevo informe sobre el muy precario primero -se trata del canadiense Wayne Dwernychuk-que se cree que tendrá que reconocer el riesgo ambiental y sobre la salud humana. Si plantas celulósicas en Europa hacen producción promedio de 700/800.000 toneladas, precisamente para casi no contaminar, la finlandesa Botnia y la española ENCE juntas -éste es el gran problemaproducirán 1.500.000 sobre un mismo río.

Las encuestas en la Argentina -tuvieron amplia difusión en Uruguay-que dicen que
75% de los habitantes de Buenos Aires piden un acuerdo no dejan de significar una banalidad: ¿cuántos argentinos y uruguayos pueden querer un « desacuerdo» si ambos tienen la mayor afinidad en todo en relación a cualquier otra nación vecina? Políticos y hasta algunas editoriales de medios cayeron en la misma simpleza.

El problema es
cómo llegar a un acuerdo y hay que concluir que no hay posibilidad a la vista de lograrlo y que las soluciones serán siempre con costos serios para uno u otro país, o para ambos juntos si tienen que subsidiar la solución. También puede sobrevenir una enemistad permanente -como en los años 1950- y hasta quedar aislados por puentes interrumpidos constantemente con daño económico. Una cosa es un piquete de gente que corta una ruta por una demanda de dinero o trabajo y otra quienes lo hacen preservando su vida de consecuencias futuras graves, como un sector de los entrerrianos y otro de uruguayos de Fray Bentos, Soriano y otras localidades próximas defendidos por los ambientalistas de allá, aunque con menos fuerza porque hay un incentivo legítimo en puestos de trabajo que en el lado argentino no se da o en muy poca medida, que vendría de exportar madera a las papeleras.

Este es el real drama y todo lo demás es ronda de deseos sin sustento: un presidente argentino no puede condenar a menos vida sana a un sector, aunque sea parcial de la población. No hay manera de que pueda
«acordar», como se le pide, mientras subsista el foco contaminante próximo a Entre Ríos. Néstor Kirchner no tiene margen para ceder, salvo gastar dinero público, aunque no sea muy correcto hacerlo, fuera del país para subsidiar algo no provocado pero que resulta agresivo a parte de sus compatriotas. Inclusive Kirchner hoy debe actuar fuera de la institucionalidad y la ley. ¿Qué le costaría enviar 150 gendarmes y liberar las rutas de acceso a los puentes con Uruguay? Le llevaría escasos minutos lograrlo a una fuerza así porque no están allí ideologizados, ni sindicalistas duros, sino simples ciudadanos que, al contrario de los profesionales, hacen un sacrificio para turnarse desde sus trabajos, en descuidar sus hogares, sus oficinas, sus consultorios. Pero ¿quién envía gendarmes armados contra gente que defiende su derecho a la vida?

Pero también está el caso del mandatario uruguayo
Tabaré Vázquez que vive su propia encrucijada. Sabe que violó unilateralmente tratados sobre un río común y que es probable que perderá en La Haya, que no puede esgrimir un solo documento técnico que diga que dos plantas para pasta celulósica juntas y que con tremendo nivel de producción no sean contaminantes sobre pobladores argentinos de la otra orilla pero también sobre sus propios compatriotas. Pero ¿cómo hace Vázquez -un médico oncólogo que sabe mucho de saludpara privar a su país de una inversión de 1.700 millones de dólares que por lo menos se perdería la mitad si se prohíbe una de las dos papeleras para bajar la contaminación inevitable? ¿Quién se arriesga a perder alguno de los 2.000 puestos de trabajo directo que las plantas darán a una zona de su país no rica como Punta del Este o Montevideo?

Hay otro problema que no se ha mencionado: en zonas próximas a Fray Bentos se desarrolló hace más de 5 años un programa intenso de forestación precisamente con vistas a que se instalen papeleras que exporten y se recupere la inversión en árboles con buena renta. En esa inversión forestal
hay miles de pequeños ahorristas que pusieron ahí sus ahorros. Inclusive hay argentinos porque se pusieron avisos (en este diario, por ejemplo) para atraer dinero y ganar con árboles. Tabaré Vázquez enfrenta, entonces, la posibilidad también de traicionar ahorristas como una especie de «corralito uruguayo » que no tuvo en la crisis financiera. Y por si no fuera suficiente este mismo mandatario enfrentaría una oposición que le reclamaría que el centroizquierda, gobernando por primera vez en la historia uruguaya, no puede sostener los emprendimientos que encaminaron las gestiones del centroderecha, como el Partido Colorado precisamente a quien representó Jorge Batlle.

Que no se reúnan ambos presidentes -otra simpleza que se les pide-no es una obstinación sino un sinsentido: no tienen concesiones que hacerse.

¿Cómo se soluciona esto?


Si un informe del Banco Mundial determinara el riesgo de contaminación -es muy posibleque así suceda por la cantidad de producción acumulada en Fray Bentos-Vázquez tendría un elemento externo que por lo menos le cubriría el flanco político opositor interno. Pero también un arma para otra solución realmente de fondo que contemplaría la queja argentina pero que requería solidaridad financiera del gobierno Kirchner: gastar para trasladar una planta a distancia de la otra, o sea subsidiar empresas extranjeras. Quizá lograr un financiamiento internacional favorable para ello o para llegar a la solución ideal a este problema: que las plantas de ENCE y Botnia sigan en su mismo lugar y juntas pero que produzcan pasta celulósica de la forma como se hace en Alemania, por el método no contaminante TCF (Totalmente sin cloro).

Claro, el
TCF es mucho más caro que el que se piensa usar en Fray Bentos en base al contaminante bióxido de cloro para blanquear la pasta. Nos pondría en nivel del cuidado de la salud de los países más importantes, como es el caso de Alemania.

También requeriría subsidios porque de lo contrario las fábricas no serían rentables y aun usando el método « bueno», el TCF, estas papeleras no se convencen ni aunque las subsidien. El no uso de cloro es más caro y blanquea menos el papel como se observa en la producción actual alemana que obligó a menos blanco pero riesgo cero. En definitiva
ENCE y sobre todo la finlandesa Botnia si vienen a Sudamérica es precisamente por eso, para producir barato, agrupándose para bajar costos, como no les permiten en sus países, lograr papel más blanco con cloro y sin cuidarse de contaminar con riesgo de vida a habitantes de países del subdesarrollo.

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