Todo al próximo

Sólo algunas acciones tendrá que hacer Eduardo Duhalde para cumplir con el miniacuerdo recientemente cerrado con el Fondo Monetario. Ya está claro por demás que todas las reformas importantes necesarias para recomponer la economía argentina pasarán para el próximo gobierno.

Las metas fiscales que el FMI le asignó al actual gobierno son cumplibles. Igual Lavagna deberá insistir con tres medidas mencionadas claramente en la carta de intención. Son la eliminación de los planes de competitividad lanzados por Cavallo y que aún están vigentes, subir el Impuesto al Combustible (debe ser un porcentaje de las naftas y no un valor fijo en pesos) y, por último, eliminar de la exención de Ganancias los reintegros que se dan a exportadores industriales.

Distinto es el caso del plan monetario con los topes a la emisión de pesos que le impuso el FMI. Hubo fuerte emisión de dinero que hizo el gobierno en las primeras semanas del año para comprar y mantener el dólar alto y habrá más hasta fin de marzo, incluidos $ 2.800 millones que está previsto que se imprimirán para financiar pagos del Tesoro. En total, son entre 3.500 y 4.000 millones de pesos que el FMI obliga al gobierno a absorber de la circulación. Esto lo deberá hacer con una fuerte emisión de Letras del Banco Central (casi el doble del stock de Lebac hoy en circulación) y por este motivo es que ya los grandes operadores descuentan una fuerte suba de las tasas desde ahora y hasta marzo con todos los efectos negativos que ello conlleva, más si se aspira a salir de la recesión. En este contexto, ya se descuenta en el mercado que serán casi tres meses para apostar a colocarse a tasas y no en dólares. Paradójicamente, esta férrea postura del FMI, obligando a absorber esos casi $ 4.000 millones y haciendo subir las tasas, no es la más atinada hoy: no está claro que esa emisión que se hizo y se hará vaya a derivar en inflación. Lo cree el Fondo, pero no serios economista locales. De hecho, en la convertibilidad se dio una importante emisión con respaldo de dólares, no generaba inflación, y era un aumento de la demanda de dinero de público y empresas. Además, si el Banco Central no compra dólares, ¿con qué cree el Fondo que la Argentina pagará al exterior?

La primera misión del FMI que llegará al país para revisar el miniacuerdo lo hará el 14 de marzo próximo.

El resto del miniacuerdo contiene metas indicativas, sugerencias o reformas a mediano plazo. No determinan la caída del acuerdo de por sí. Están presentes medidas clásicas de todo entendimiento firmado por el FMI con la Argentina desde que el francés Michel Camdessus con Teresa Ter Minassian negociaba con Domingo Cavallo o Roque Fernández. Son pedidos tradicionales como el de impulsar una reforma impositiva (incluyendo la eliminación de los regímenes de promoción en provincias), avanzar en una reforma de la coparticipación de impuestos o sanear la banca pública. En este último caso, hay elementos novedosos, como el que obliga al Nación, al Provincia de Buenos Aires y al Ciudad, para todos los préstamos superiores a un millón de pesos, a que estén cofinanciados como mínimo con otro banco privado. Pero lo que tiene de novedoso lo tiene también de poco aplicable. En el Nación, por ejemplo, hay liquidez hoy; podría prestar, pero no lo hace porque está generando un colchón para devolver todos los depósitos reprogramados por Remes Lenicov hace un año. El Banco Provincia podría esgrimir como excusa que se rige por el Pacto de San José de Flores, previo a la Constitución de 1853, y por ende está fuera de las regulaciones del gobierno nacional y hasta del mismo Banco Central. Pero, dado que recibió 3.000 millones de pesos de redescuentos del Banco Central, debe alinearse con lo que exige el FMI.

Entre banqueros, se descuenta que Roberto Lavagna, en virtud de este miniacuerdo, deberá tomar dos decisiones importantes en lo financiero: emitir títulos por u$s 9.000 millones para compensar a los bancos por la pesificación asimétrica (se mantuvo el 1 a 1 para los créditos que las entidades tienen que cobrar pero se paga a 1,40 más el CER los depósitos de ahorristas) y, además, otros por u$s 2.000 millones para compensar a entidades que pagaron a ahorristas, fruto de los amparos presentados, los depósitos al tipo de cambio libre. Esta última decisión se descuenta que pasaría también para el próximo gobierno: Lavagna dice en reuniones con banqueros que «como no hay sentencia firme, no puedo emitir bonos por los amparos».

Pero lo extremadamente grave no son las metas del miniacuerdo, sino lo que está por fuera, invisible, en este entendimiento con el Fondo Monetario. Hoy el gobierno de Duhalde no sólo está pasando gastos al próximo presidente, sino que hasta está usando los recursos impositivos de quien lo sucederá. Concretamente: la nueva deuda emitida por este gobierno suma u$s 25.000 millones a lo que falta agregar próximas emisiones de Lavagna (ayer el ministro culpó a Remes Lenicov de este festival de bonos, como hiciera con Sourrouille y Machinea cuando era funcionario de Alfonsín). El total de la deuda pasará a ser de 600.000 millones de pesos (180.000 millones de dólares), casi el doble del PBI. Cuando los inversores extranjeros en julio de 2000 comenzaban a preocuparse por la capacidad de pago -con De la Rúa presidente-, de los títulos públicos argentinos, el total de la deuda era de «sólo» 50% del PBI, aunque valuado éste con otro dólar.

Por esto es que en el ranking de problemas, cargas y reformas que se le deja al próximo gobierno, esta fuerte acumulación de deuda -el peligro de un «default 2° parte» a menos de dos años del dispuesto por Adolfo Rodríguez Saá- figura al tope sin discusiones. Obligará al gobierno, para cumplir con todos estos vencimientos de deuda, a hacer un fuerte ajuste de las cuentas públicas, recortando gastos y aumentando la presión impositiva. Es más grave aún el problema que el de las tarifas de los servicios públicos. Para peor, este gobierno sigue afectando recursos futuros: hace una semana dispuso que el bono patriótico emitido por Cavallo en julio de 2001 sirva para el pago de impuestos, lo que en definitiva restará de recursos impositivos al nuevo presidente $ 1.000 millones.