Trabajadores del Garrahan encabezan una caravana a Olivos para reclamar la implementación de la ley de Emergencia Pediátrica

La movilización partió desde el Congreso de la Nación. También reclaman por las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que están en la misma situación.

@PeriodismoDeIzq

Los trabajadores del Hospital Garrahan siguen adelante con medidas de fuerza y realizarán este sábado una caravana a la Quinta de Olivos para exigir la aplicación de la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, ratificada por ambas cámaras del Congreso, que insistieron sobre el veto del presidente Javier Milei. También reclamarán por las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que están en la misma situación.

La movilización partió cerca de las 14 horas desde el Congreso de la Nación con autos, motos o bicicletas. La convocatoria es abierta.

Aunque el Gobierno haya anunciado el mes pasado bonos temporales por $450.000 para los profesionales de la salud y de $350.000 para el personal administrativo, los trabajadores de la institución pediátrica siguen adelante con las protestas ya que el Poder Ejecutivo todavía no implementó la norma. La iniciativa aprobada en el Congreso tiene como objetivo central garantizar una mayor asignación de fondos para el Hospital Garrahan y aumentar los salarios de su personal.

Días atrás, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) señalaron que "hay plata" y que "es problema de prioridades". "Si el presidente y su Gobierno, no nos escuchan, vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y haremos ruido para que nos oigan. Si ganan el Garrahan, Discapacidad y Universidad, ganamos todos”, enfatizaron en la convocatoria.

Luego de la insistencia del Senado a los vetos, los trabajadores exigieron que se efectivizaran las leyes aprobadas por el Congreso y advirtieron: "Si hay maniobras para impedir la aplicación de las leyes, tenemos que convocar a una Gran Jornada Nacional con paro”.

Norma Lezana, nutricionista infantil y secretaria general de de APyT, señaló que la gestión de Javier Milei continúa con los salarios del Hospital “congelados”, además de que “recorta programas y retiene fondos de los trabajadores en un fondo financiero”: “Es una provocación”, dijo en diálogo con Noticias Argentinas.

“El Garrahan sigue funcionando gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, y no por los funcionarios que manipulan información en plena campaña política. Pedimos seriedad y respeto: el hospital no es una plataforma electoral ni un espacio propagandístico de noticias falsas. Es la casa de miles de niñas, niños, adolescentes de todo el país y sus familias, que merecen inversión real, un Estado presente, salarios dignos para quienes los atienden y además decirles la verdad”, planteó.

Además, apuntó que hace 20 meses llevan adelante manifestaciones con un "enorme apoyo" de parte de la ciudadanía y que el respaldo aumenta cada vez más. “Venimos de varias jornadas que volvieron a mostrar en las calles cuál es el mandato social que este pueblo le plantea, no solo al Congreso, sino al Gobierno Nacional: que el Garrahan y la Universidad Pública no se vetan, se abrazan, se cuidan y se financian. Exigimos que, sin demoras ni maniobras, se apliquen las leyes en los términos aprobados por el Congreso”, concluyó.

De qué trata la ley de Emergencia Pediátrica

El veto de Javier Milei a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica fue volteado por el Congreso el 2 de octubre, pero el Gobierno sigue sin aplicarla. No fue el único revés. Aquel día, por amplia mayoría, también rechazó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, la ley exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.