Trabajadores de Oil piden a Abad que apruebe propuesta de OP para preservar puestos de trabajo

Trabajadores de Oil Combustibles se hicieron presentes en las dependencias de la AFIP.

Los trabajadores de la empresa Oil Combustibles se hicieron presentes en la dependencia de la AFIP para pedir a su director, Alberto Abad, que acepte la propuesta del grupo OP Investments para recapitalizar la firma y preservar los puestos de trabajo.

"Vinimos para tratar de reunirnos con Abad, pero nos dijeron que no está para recibirnos", declaró a ámbito.com Héctor Brizuela, representante de los trabajadores de Oil en el Comité de Acreedores conformado como parte del proceso concursal.

"Pueden quedar unas 15.000 familias en la calle teniendo en cuenta todas las empresas" del exGrupo Indalo, sostuvo. "Pero parece que todavía no se dieron cuenta", lamentó acompañado por decenas de empleados en las puertas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿La AFIP quiere cobrar lo que se le debe al Fisco? ¿Por qué prefiere mandar a la quiebra a una empresa antes que permitir que pague sus deudas?, se preguntó.

Según detalló, "en la reciente audiencia judicial los directivos de la nueva administración presentaron al juez su proyecto de salvataje y de inversiones, donde se comprometieron a pagar la deuda con un desembolso inicial de $ 5.952 millones y cuotas de $ 112 millones mensuales, hasta saldar la totalidad de la deuda", junto a "un plan de inversiones para relanzar a Oil Combustibles y al resto de las compañías".

Ante la imposibilidad de reunirse con el titular de AFIP, los trabajadores dejaron un escrito en la dependencia oficial en el que manifiestan que son "observadores mudos, hasta ahora, en el proceso judicial".

"Queremos que nos escuche Sr. Abad, tenemos la necesidad de exponerle nuestra postura, que paralelamente a la búsqueda por parte del Fisco de la verdad objetiva en materia penal existe otra arista que debe considerarse, la social y económica", sostiene el escrito, en el que vuelven a solicitar una reunión como "otro paso hacia la obtención de justicia".

Brizuela dijo además que causaron "gran preocupación" las recientes declaraciones de Ricardo Gil Lavedra, en las que "prácticamente habla de mandar a la quiebra a las empresas". El exdiputado se encuentra envuelto en una polémica luego de ser contratado por Abad para llevar adelante el pleito de manera privada, pese a que la AFIP cuenta con uno de los equipos jurídicos con mayor nivel de profesionalismo de la administración pública.

Esto llamó la atención dentro del propio organismo ya que se detectaron contrataciones millonarias a Gil Lavedra. Bajo la descripción de "contratación de servicios profesionales", el expediente 0252543/16 le permitió embolsar al excamarista en junio del año pasado la suma de $2.178.000 pagados directamente a su nombre y bajo su número de CUIT.

Esa orden de compra se complementó con una abonada el 23 de mayo de 2017 por el mismo monto ($2.178.000) en concepto de contratación de servicios bajo la orden de compra 5200002353 pagados por la AFIP, quien a lo largo del litigio ha desembolsado al menos $4 millones sin haber todavía percibido el monto reclamado por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que se le reclama a la petrolera Oil.

También el legislador y consejero de Cambiemos en la Magistratura de la Nación, Pablo Tonelli, quedó señalado en las últimas horas como uno de los articuladores del fallo del juez comercial Héctor Hugo Vitale, quien rechazó la apertura del concurso preventivo de acreedores de OIL Combustibles S.A.

Esa cuestionable actuación habría motivado molestias dentro del propio oficialismo como las del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, cuyos allegados dejaron trascender su disconformidad por "mezclar la política con la Justicia".

Vale recordar que OP Investments realizó la compra irrevocable de la totalidad de las acciones de control del exGrupo Indalo con el firme propósito de iniciar un proceso de reestructuración de las empresas que lo componen.

En el marco de un Plan Estratégico que pone en el centro el objetivo de garantizar la fuente de trabajo de los más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el ahora renombrado Grupo Ceibo reconoce conforme a la ley.

Este Plan fue oportunamente presentado al juzgado de Vitale en el concurso, en donde se dejó asentado por escrito "un programa de pago de las deudas fiscales y previsionales adquiridas por los anteriores accionistas absolutamente consistente y sustentable".