UCR, dividida por el juicio a la Corte

«La impunidad para todos los miembros de la Corte no es sostenible para el radicalismo», afirmó ayer uno de los gobernadores de la UCR. Que pidió no ser mencionado para no entorpecer las conversaciones que se vienen manteniendo con el gobierno para destrabar el controvertido juicio político. Desde el gobierno la visión es distinta según se trate de Angel Rozas, el mandatario chaqueño titular del comité nacional de la UCR, o del mendocino Roberto Iglesias, que hoy aterrizará en Buenos Aires. El primero más duro en su postura que el segundo. En el Ministerio del Interior, por el mismo tema, se sostiene que «quienes tienen responsabilidades de gobierno son los que entienden que los poderes del Estado no pueden ver entorpecida o parada su gestión», señalaron ayer en un despacho aledaño al del ministro Jorge Matzkin. Se ve con preocupación la posibilidad de que se convoque a conjueces de la Corte, tornando imprevisibles los fallos que puedan surgir de esa Corte. «Como abogado de la matrícula puede ser convocado Zamora, ¿se imagina lo que puede llegar a pasar?», se escandalizaron.

Hay, sin embargo, un grupo de diputados de la UCR, se sostiene desde el lado radical, que estaría dispuesto a mostrarse flexible para no parar por tiempo indeterminado el tratamiento del juicio político a la Corte. Hernán Damiani (Misiones), Angel Geijo (Chaco), Juan Minguez (San Juan), Benjamín Nieto Brizuela (La Rioja), Gracia Jaroslavsky (Entre Ríos) y el titular del bloque, Horacio Pernasetti (Catamarca), serían los que forman parte de esta avanzada. Influidos en algunos casos por la posibilidad de que el gobierno les demore el envío de fondos coparticipables, complicándoles la situación en las vísperas de una elección nacional. Un hecho negado por el secretario de Provincias, Arturo Puricelli, que anticipó que se ha cumplido con el pago de más de $ 660 millones, entre los envíos de agosto y los pagos de créditos al Banco Mundial y al BID, de los cuales el gobierno condonó el pago de $ 200 millones a las provincias. Y que por Decreto 593 hubo anticipos de más de $ 200 millones a municipios sin pedirles reintegros a las gobernaciones.

Consultado el diputado Damiani, señaló que «en realidad, frente a la postura del oficialismo y la nuestra, surgió en la comisión como una propuesta intermedia.