Un exministro de Trabajo de Carlos Menem fue lapidario con la reforma laboral de Javier Milei: "Le pongo un cuatro"

Armando Caro Figueroa no dudó en darle una nota reprobada al texto de La Libertad Avanza. Entre los motivos, afirmó que el proyecto contiene "excesos" y aseguró que recorta "derechos fundamentales".

Armando Caro Figueroa fue ministro de Trabajo entre 1993 y 1997.

A días de la sesión en el Senado que determinará el futuro de la reforma laboral de Javier Milei, Armando Caro Figueroa, exministro de Trabajo de Carlos Menem y secretario de Trabajo de Raúl Alfonsín cuestionó el proyecto, denunció que contiene “excesos” y negó que exista una “industria del juicio” como asegura el oficialismo. “Le pongo un cuatro”, dijo.

El funcionario del menemismo entre 1993 y 1997 dialogó con FM Milenium respecto de la iniciativa que apunta a modificar la Ley de Contrato de Trabajo, alterando el cálculo de las indemnizaciones, las horas extra, vacaciones y los convenios colectivos, además de habilitar un fondo de cese para cubrir despidos, entre otros puntos.

Caro Figueroa no dudó en reprobar al proyecto y explicó los motivos. “Le pongo un cuatro. Por lo que le falta y por el exceso innecesario. O sea, la polémica sobre el derecho de huelga que conecta con el malestar ciudadano, que existe porque se recorta un derecho fundamental, me parece que es un abuso. Una exageración», aseguró.

La crítica de Caro Figueroa a la reforma laboral

En el Gobierno afirman que uno de los objetivos de fondo es terminar con la denominada “Industria del Juicio”, para lo cual impondrán un tope de intereses determinado por la suma del Índice de Precios al Consumidor (IPC) + el 3% anual. Para Caro Figueroa, la supuesta industria judicial no es real sino que es “propaganda”.

Pero para el exfuncionario del menemismo, la ley tiene inconvenientes graves: “El primero es que erosiona el derecho de huelga y en lugar de remitirse a las circunstancias del comité de libertad sindical, amplía el concepto de servicios esenciales y planea los servicios mínimos en un nivel que equivale tanto como a suprimir el derecho de huelga cuando pone que el 75% de los trabajadores tienen que prestar el servicio. Eso me parece que es la principal debilidad de la ley”.

La segunda debilidad, según dijo, es que “está pensada para acompañar un proceso económico de crecimiento sin despidos”. “Lo que la realidad está mostrando es que el proceso de crecimiento va a ir lento, va a llegar seguramente, pero de modo lento. En cambio, los despidos colectivos, por causas económicas, van a ir mucho más rápido. Y para este tipo de casos, la reforma no dice absolutamente nada”, planteó.

Si bien remarcó que la ley "tiene algunas buenas intenciones referidas a las pymes", consideró que "se quedó corto". "La ley se quedó corta y esto significa que las pymes van a mantener un costo enorme, no solamente tributario, de impuestos municipales, las tasas, etcétera, sino en regulaciones que la legislación moderna debía eximir a las pymes y ese tipo de regulaciones están pensadas para grandes y medianas empresas", se quejó.

De todas maneras, afirmó que la ley “puede mejorar” durante su aplicación "si la negociación colectiva, efectivamente, hace caer la ultraactividad, se descentraliza, hay más convenios por empresa, hay más convenios que no solamente actualizan salarios, sino que cambian todo el sistema laboral”.