Veto a Discapacidad: ante una derrota inminente en el Senado, el Gobierno agiliza estrategia judicial

Con el presidente Javier Milei fuera del país, en el oficialismo ponen en marcha el plan judicialización. En qué se basa el Ejecutivo para rechazar lo votado en el Congreso.

El Gobierno judicializará el veto en Discapacidad. 

Mariano Fuchila

El Senado debate este jueves el veto a la emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con el rechazo de Diputados. Con una derrota a la vista, el oficialismo prepara su estrategia judicial en un contexto adverso, en el que crece la preocupación por el impacto de los audios que tienen como protagonista al ex director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pero que apuntan al binomio Milei por un presunto entramado de coimas.

En el Gobierno ratifican que Javier Milei "vetará cualquiera iniciativa que altere el equilibrio fiscal". El propio Presidente lo había anticipado el mes pasado durante una entrevista, en la que sostuvo: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.

En el mientras tanto, el oficialismo busca aceitar su estrategia política, un proceso que empezó hace unas semanas cuando el asesor Santiago Caputo bajó el tono a su enfrentamiento con el clan Menem -algo que por estas horas se reavivó a raíz de las denuncias por coimas- y se ponderó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como integrante del "triángulo de hierro político". Lo cierto es que, con el escándalo ANDIS, en Casa Rosada se abrieron nuevos frentes de conflicto, que obligaron a correr el foco de la estrategia oficial de cara a las derrotas legislativas.

El Senado se apresta para rechazar el veto de Milei.

Emergencia en Discapacidad

Respecto a la ley de emergencia en discapacidad, que fue ratificada en Diputados, en el Gobierno estudian por estas horas la estrategia judicial para avanzar con el rechazo a la medida. Según pudo reconstruir Ámbito, el oficialismo analiza ir con una denuncia contra la oposición, argumentando que no cuenta con el financiamiento para ejecutar dichas políticas públicas y que, pese a que esto fue manifestado, el Congreso optó por "imponer" la iniciativa.

El equipo legal se ampara en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En segundo lugar, aunque menos factible, el oficialismo podría alegar que la sesión fue ilegal ya que su convocatoria es una atribución presidencial.

Sin embargo, Milei se enfrenta a un escollo para avanzar en su denuncia, ya que según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un impacto de entre 0,25% y 0,45% del PIB.

En un principio, el Gobierno anunció que estaba dispuesto a incrementar las pensiones por discapacidad. Así lo confirmó el propio vocero Manuel Adorni en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados semanas atrás, en la que finalmente se rechazó el veto. La medida, reconocieron en Balcarce 50 a Ámbito, fue un "manotazo de ahogado" que no logró torcer las voluntades de los legisladores. No obstante, un colaborador del Presidente señaló la idea es continuar reduciendo la cantidad de subsidios al sector, y en parte, utilizar ese dinero para los posibles incrementos.