Videla logró remover a un juez, pero no a todo el tribunal

Rafael Videla

El camarista federal Horacio Cattani fue separado de la causa en la que se investiga la responsabilidad del represor Jorge Rafael Videla en el secuestro de un empresario textil y su hijo durante la última dictadura militar.

Un tribunal conformado para resolver el pedido del abogado Alberto Rodríguez Varela, defensor de Videla, rechazó en cambio la recusación por presunto prejuzgamiento y afectación de la garantía de imparcialidad contra los camaritas federales Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

La defensa de Videla argumentó que Cattani había intervenido en etapa de instrucción, valoró hechos y tiene posición tomada con respecto a la responsabilidad del procesado.

Cattani aceptó el planteo y se excusó de continuar interviniendo, ahora en la etapa plenaria, en la causa por el secuestro extorsivo de Federico y Miguel Ernesto Gutheim.

Los camaristas Jorge Ballestero y Rodolfo Pociello Argerich recordaron que, durante la etapa de instrucción, Cattani confirmó la prisión preventiva de Videla, "oportunidad en la que realizó un examen minucioso de las pruebas del sumario, que sostienen la materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado".

Con relación a Freiler y Cattani, el tribunal afirmó que tomaron intervención recién en la etapa plenaria de la causa y "no han efectuado afirmaciones de las que pueda desprenderse un temor fundado de parcialidad", por lo que el cuestionamiento sobre una eventual falta de imparcialidad "carece de sustento".

En el secuestro de los Gutheim, en noviembre de 1976, también están involucrados el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior durante la última dictadura militar Albano Harguindeguy.

En abril último, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del juez federal Norberto Oyarbide que anuló los indultos por los que el ex presidente Carlos Menem había beneficiado a los tres procesados.

En esa ocasión, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, consideraron que los delitos cometidos en la última dictadura militar son de "lesa humanidad" y por lo tanto "imprescriptibles".

Al ratificar la anulación de los decretos 1002/89 y 2745/90 la Corte expuso que el Estado está obligado a "perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos".

Los empresarios, que estuvieron varios meses secuestrados, recuperaron la libertad cuando firmaron contratos comerciales par la exportación de algodón a Hong Kong.

Por los indultos del presidente Carlos Menem, la causa había sido sobreseída, pero en 2006 se reabrió a pedido de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.