El 90% de los hogares en nueve barrios populares enfrenta un alto riesgo ambiental y graves carencias en vivienda, según un relevamiento reciente. Así lo confirmó un estudio privado que también mostró que apenas el 27% de las viviendas está sobre calles asfaltadas y que más del 40% de las familias depende de comedores comunitarios.
Barrios populares: 90% de los hogares vive con alto riesgo ambiental y graves carencias en vivienda
Un informe privado detectó además que solo el 27% de las viviendas está sobre calles asfaltadas y el 41% de las familias depende de comedores.
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En villas y barrios populares, la mitad de los hogares accede al agua por conexiones informales y en muchos casos deben recurrir a la compra de agua embotellada
La investigación fue elaborada por el Observatorio Villero de La Poderosa, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y la Fundación TEMAS. La muestra incluyó 1.485 hogares y alcanzó a 5.024 personas en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego.
La vida cotidiana en los barrios populares (el Gobierno actual dio de baja al Procrear y otros programas de barrios populares) transcurre en un contexto de precariedad y desigualdad, tal como lo revela el informe “Condiciones de vida en barrios populares”, un relevamiento de nueve barrios en seis provincias. El estudio, evidencia un perfil demográfico marcadamente joven, con una alta dependencia de redes de contención social y un profundo déficit en infraestructura y servicios básicos.
El análisis sociodemográfico de los barrios relevados muestra un perfil muy distinto al del promedio nacional. Entre el 20% y el 30% de la población tiene 14 años o menos, mientras que casi no hay presencia de personas mayores a 75 años. Esta estructura etaria, característica de los barrios populares, contrasta con la del resto del país, donde la proporción de adultos mayores es significativamente más alta.
Además, los hogares revelan una marcada feminización: la mayoría de las jefas de hogar son mujeres (más del 60%), y entre el 50% y el 60% de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo. Este escenario evidencia una doble vulnerabilidad, ya que las mujeres asumen simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos.
La alta dependencia de la asistencia estatal y comunitaria es otro hallazgo central. El 41% de las familias recurre a comedores comunitarios, una cifra que asciende al 60% en barrios como Isla Maciel y Virgen Desatanudos. Además, el 74% de los hogares es beneficiario de algún tipo de asignación estatal. Esta combinación evidencia una alta dependencia de redes de apoyo comunitario y transferencias sociales para garantizar la subsistencia diaria, reflejo de una inserción laboral precaria o inestable.
Infraestructura deficiente y riesgo ambiental
Solo el 27% de las viviendas está sobre calles asfaltadas y el 46% en calles de tierra. En la Villa 21-24-Zavaleta, el 84% de los hogares no tiene alumbrado público, frente al 11% del Barrio Mugica.
Casi el 80% de los habitantes percibe insuficiente el espacio público y el 61% no tiene árboles frente a su vivienda. El 90% de los hogares enfrenta alto riesgo ambiental por plagas, basura y cercanía a fuentes contaminantes.
La pobreza estructural también se refleja en los tiempos de viaje. En promedio, el 30% de las personas tarda más de una hora en llegar a su lugar de trabajo, y el 10% más de dos. Esto evidencia la carencia de tiempo para dedicar a otras actividades que no sean el trabajo, lo que afecta de forma directa la calidad de vida de los residentes.
Viviendas en condiciones críticas y servicios precarios
La calidad constructiva de las viviendas es otro punto crítico. Apenas el 15% de las propiedades alcanza una calidad suficiente, mientras que el 81% se clasifica como “parcialmente insuficiente”. Además, cerca de la mitad de los hogares presenta grietas, filtraciones o goteras. En cuanto a las condiciones de habitabilidad, entre el 20% y el 45% de las viviendas carece de agua caliente o lavamanos en el baño, lo que evidencia un déficit crítico.
En el caso de los servicios públicos, la situación es crítica: el 73% de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión, calidad o cantidad. Un 11% directamente no cuenta con ningún tipo de acceso a uno o más de los servicios, configurando un acceso deficitario. La informalidad en el acceso a servicios esenciales es un patrón constante. El 50% de los hogares relevados accede al agua mediante conexiones informales, con picos del 95% en la Villa 21-24-Zavaleta. Del mismo modo, el 63% se conecta de forma precaria a la red eléctrica, un porcentaje que se eleva a casi el 90% en Isla Maciel y más del 95% en la Villa 21-24-Zavaleta.
El informe concluyó que la falta de planificación urbana integral y el déficit estructural de vivienda dieron lugar a una expansión sostenida de estos barrios. En la mayoría de los casos, se localizan en las periferias urbanas, en zonas expuestas a riesgo ambiental o en áreas sujetas a barreras físicas y simbólicas que profundizan la segregación territorial. En este marco, Fernando Bercovich, de ACIJ, explicó que “la configuración de los barrios populares responde a procesos históricos de segregación”.
Y agregó: "La exposición a riesgos ambientales de diferente tipo es uno de los rasgos comunes a todos los barrios estudiados”.
Falencias por agua potable
Alrededor de la mitad de los hogares en los barrios analizados accede al agua a través de conexiones informales. La situación alcanza niveles extremos en la Villa 21-24-Zavaleta, donde el 95% de las viviendas se conecta de manera precaria, y en Isla Maciel, con un 88%.
La calidad del suministro es otro factor crítico. Cerca del 75% de las familias declaró que el agua presenta olor, color o sabor, con mayor gravedad en Mirador, Villa 21-24-Zavaleta y Los Álamos. Estas condiciones generan desconfianza y afectan de manera directa la vida cotidiana.
En relación con la cantidad, el déficit también es evidente. El 43% de las viviendas relevadas no recibe suficiente agua para cubrir las necesidades del hogar. Esta carencia se traduce en la compra de agua embotellada, que representa un gasto extra en economías de por sí frágiles.
El contraste se observa en el Barrio Mugica, donde el 89% de la población declaró contar con suministro suficiente. La comparación entre barrios revela una fuerte heterogeneidad en el acceso al agua, con sectores que logran cierta estabilidad y otros que enfrentan un escenario de precariedad severa.
Las consecuencias de la precariedad
El reporte evidencia que los problemas territoriales impactan en la vida cotidiana y tienen un correlato directo con el ambiente.
En las últimas dos décadas se observó una aceleración significativa en su crecimiento, lo que se conjugó con contextos de crisis económicas y políticas. Esto debilitó los sistemas de protección social y restringió el acceso a suelo urbano formal. En este marco, los barrios populares son una expresión territorial de la pobreza estructural, donde convergen múltiples privaciones.
Diego Mora, del Observatorio Villero de La Poderosa, explicó que “el desfinanciamiento y el retroceso de la políticas de integración, así como la desarticulación de programas comunitarios, profundiza y reproduce las condiciones de exclusión”.
También Mora concluyó que “estos barrios se localizan en las periferias urbanas, zonas expuestas a riesgo ambiental o áreas sujetas a barreras físicas y simbólicas que profundizan la segregación territorial”.
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