Advertencia de R. Saá: "Si triunfa el No, renuncio"

Los comicios decidirán -con carácter obligatorio y vinculante- la suerte del llamado Plan de Inclusión Social, que alcanza hoy a 41 mil personas en la provincia. El programa contempla el pago de $ 330 mensuales -más ART y obra social-a cambio de 7 horas de trabajo diarias y capacitación.

Con el plebiscito -que contará con una red de veedores extraprovinciales-, Rodríguez Saá apuesta a cerrar todos los conflictos sectoriales que afloraron en los últimos meses contra su gestión, y en particular contra ese plan social, al que tildan de «improductivo». Sin embargo, desde la oposición quitan legitimidad al resultado porque aseguran que «es evidente» que la ciudadanía no va a rechazar un plan de esas características.

El gobernador -junto a su hermano, el actual diputado nacional Adolfo Rodríguez Saá- cerró ayer la campaña electoral en la ciudad de San Luis con un acto del cual participaron más de 8.000 personas.

«Si hipotéticamente triunfara el No, no firmaría nada en contra del plan y me vería obligado a renunciar», fue la advertencia del mandatario.

Los sanluiseños se encontrarán el domingo en el cuarto oscuro con dos listas sábana de tres cuerpos en las que se les preguntará: «¿Está de acuerdo con el Plan de Inclusión Social?»; «¿Está de acuerdo con la implementación del Plan de Inclusión Social?» y «¿Está de acuerdo con que el Plan de Inclusión Social continúe hasta que el último trabajador consiga un trabajo mejor?». Los electores deberán optar por «Sí» o por «No».

Más allá de plebiscitar el programa laboral -que insume 25% del presupuesto provincial-, el mandatario busca poner a prueba el apoyo a su gestión, a casi 15 meses de asumir con 91% de los votos.

Por otra parte, la fecha de la consulta popular --asegu-ran-no fue escogida al azar, ya que se trata del día del renunciamiento de Evita.

Rodríguez Saá inició su segundo año de mandato con una serie de protestas y movilizaciones en su contra protagonizadas por docentes, la Iglesia y gremios. Estos grupos conformaron una multisectorial que primero le exigió la renuncia y, como no obtuvo resultado, fue más allá y auspició la intervención federal.

Tras los cuestionamientos que recibió el Plan de Inclusión Social, Rodríguez Saá activó el llamado a la consulta popular.

En la otra vereda, la multisectorial presentó un recurso de amparo planteando la «inconstitucionalidad y nulidad» de la consulta popular porque «los derechos humanos no se plebiscitan». Días atrás, la Justicia rechazó la medida. Con este resultado adverso, la oposición decidió no constituir fiscales que controlen los comicios.

El siguiente paso del gobierno fue invitar a dirigentes políticos y sociales extra provincia para que actúen como veedores. Hasta ayer, cerca de treinta legisladores nacionales, jueces, defensores del pueblo y dirigentes políticos le notificaron al gobierno que en las próximas horas llegarán a San Luis en carácter de observadores.

Un total de 262.738 sanluise-ños están habilitados a sufragar en 696 mesas, en comicios que serán supervisados por un comando electoral integrado por 1.397 efectivos de la Fuerza Aérea, el Ejército Argentino y la Policía provincial.