El gobierno de Bs. As. pide cárcel a morosos

Tras pedir un «cambio de mentalidad», el ministro arremetió contra los que «hacen escándalo porque se les va a obligar a pagar a aquellos que tienen un poder adquisitivo altísimo, que cuentan con vehículos de más de $ 45 mil». Los dichos de Randazzo se dieron luego de que desde el Colegio de Abogados de la provincia reclamaran ayer a Solá que vete las nuevas normas que incluyen «superpoderes» para el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, así como la posibilidad de embargar bienes y secuestrar autos de morosos sin autorización judicial. La disputa también incluye las subas en el inmobiliario rural por hasta 120%.
Al argumentar contra las leyes impositivas, los letrados indicaron a través de una solicitada publicada en matutinos platenses que «la necesidad de recaudación fiscal no puede estar por encima del Estado de Derecho y afectar garantías de la población».
«Al establecer un fuero especial y/u otorgar excesivas facultades a funcionarios del Poder Ejecutivo, atentan contra los derechos y garantías de los contribuyentes al atribuirle funciones y poderes propios del Poder Judicial», advierte además el Colegio de Abogados bonaerense.
Según la entidad, en el marco de un Presupuesto aprobado que no satisface los requerimientos mínimos efectuados por la Suprema Corte de Justicia para garantizar un adecuado funcionamiento del Poder Judicial, cuando no se pueden implementar órganos jurisdiccionales creados por ley, resulta injustificable la creación del Fuero de Ejecuciones Tributarias».
La respuesta de Montoya no se hizo esperar: «Muchos de los especialistas que ahora están hablando, además de tener títulos de profesor, en la mayoría de los casos son los que están asesorando a los contribuyentes, a los grandes grupos económicos con los cuales tenemos serios conflictos en Buenos Aires», disparó ayer.
Además, para el subsecretario de Ingresos Públicos, los expertos y especialistas que esgrimieron críticas son los mismos que meses atrás atacaron su decisión de reclamar la apertura de las cajas de seguridad y, según él, «fallaron» en sus pronósticos. «Se está repitiendo la historia de las cajas de seguridad, pero esta vez agrandada porque aquello era una cuestión más aislada mientras que esto es un paquete integral», destacó.
En misma línea que el Colegio de Abogados, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias -un «enemigo» de Montoya- estimó que «todo esto tiene más un afán de promoción mediática, personal de Montoya, que reales necesidades de recaudación de la provincia y esas facultades se expiden a partir de demonizar a los contribuyentes». Y reforzó su postura: «Hace mucho tiempo estoy tratando de ver cuáles son estos grandes evasores que pretende combatir Montoya, porque yo tengo diez mil ejecuciones fiscales en mi juzgado y son todas de bajo monto, no superan los 4 mil pesos».
 Incremento
Asimismo, Montoya también defendió el incremento de 80% promedio del Impuesto Inmobiliario Rural, que recibió fuertes críticas de los productores agropecuarios y que en algunas secciones significa una suba de 120%. «El stock de tierra agrícola-ganadera más importante del planeta generó a la provincia este año (en materia impositiva) la mitad de lo que produjo la patente de los automóviles» radicados en el distrito, interpretó el funcionario.
Números en mano, Montoya explicó que los automóviles tributan unos $ 500 millones en concepto de impuestos, mientras que el Inmobiliario Rural generó ingresos al fisco por $ 270 millones.
Aun así, los argumentos de Montoya no alcanzaron para convencer a los productores agropecuarios, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, volvió a embestir contra el incremento tarifario, calificándolo como «desmedido y arbitrario». «Pasa lo de siempre: la provincia tiene necesidad de cubrir su presupuesto de más de $ 22.000 millones y ante una falta de dinero se decide el aumento del Impuesto Inmobiliario con el argumento de que es bajo y de que al campo le ha ido bien», afirmó el titular de la SRA.