Hace un par de días comienza a ganar espacio en la agenda pública la posibilidad de que algunos Estados emitan cuasimonedas como recurso alternativo a la pérdida de recursos ordinarios -tributarios en su mayoría- resultante del impacto macro y microeconómico de la pandemia.
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En el estado emocional que nos deja esta sucesión de acontecimientos y coyuntura excepcional, al escuchar la palabra “cuasimonedas” es muy probable que la primera reacción que tengamos sea de carácter emocional, antes de poder abordarla desde la racionalidad. Le pasa hasta quien se precie de ser “un témpano humano”.
Por eso, lo primero que debemos intentar es desanclar el recuerdo de esa palabra del contexto situacional en el cual la vivenciamos. No sólo por una elemental necesidad de abordar racionalmente las cosas, sino porque las condiciones institucionales, políticas y económicas no son idénticas a las de comienzos del presente siglo. Especialmente, no existen las condiciones que otrora conllevaron al desenlace de la emisión de cuasimonedas por la imposibilidad del financiamiento fiscal vía emisión monetaria “en sentido estricto”.
Luego será necesario realizar un abordaje sobre los efectos, en su mayoría perjudiciales, del financiamiento fiscal vía emisión de cuasimonedas, en comparación a su financiamiento vía emisión monetaria. Téngase presente aquí que la discusión no es, emisión sí o emisión no, sino que lo que se pone aquí en discusión es si la emisión se hace bajo un régimen organizado o, en su defecto, en condiciones de anarquía monetaria.
Y finalmente, ingresar a una cuestión medular sin cuyo entendimiento no podrá comprenderse el por qué puede llegarse a una “tragedia colectiva” pese a que cada parte tuvo argumentos para tomar medidas. Se trata de las relaciones de poder en un esquema institucional federal, donde un nivel de Estado tiene el monopolio de obtener financiamiento proveniente de la emisión monetaria y decidir si canalizarlo –y cómo canalizarlo- hacia los demás niveles de gobierno.
Contexto
El contexto actual es diametralmente diferente del existente sobre finales del modelo de convertibilidad, que es el antecedente más reciente que la economía argentina tiene respecto a la emisión de cuasimonedas.
En aquel momento, la ley de convertibilidad impedía la emisión de Pesos en ausencia de las reservas que la respalden en el BCRA. Esa regla fijada en la ley apuntaba a generar confianza en los actores económicos respecto de la sostenibilidad del tipo de cambio (el 1 a 1), enviando una señal muy fuerte que por cada peso en la calle había un dólar de respaldo.
El sistema de convertibilidad de los años noventa no solo neutralizaba la política monetaria como instrumento de política económica sino que también generaba otras dos restricciones puntuales: la neutralización de emisión monetaria como instrumento de financiamiento fiscal y una fuerte limitación al BCRA para asistir a las entidades financieras mediante redescuentos.
En ese marco, una situación de déficit fiscal nacional o subnacional sólo podía sostenerse con financiamiento genuino, es decir, con deuda. Cuando las posibilidades de los gobiernos provinciales e incluso del propio gobierno nacional de obtener financiamiento voluntario se fueron reduciendo progresivamente (principalmente por restricción del crédito externo y un sistema bancario con capacidad limitada), se optó por esta salida que supone un financiamiento de carácter compulsivo. Esto es así ya que la cuasimoneda constituye un compromiso de pago futuro (deuda) a través de la cual un gobierno cancela una obligación de pago actual (a empleados, jubilados, beneficiarios de planes sociales, proveedores y contratistas del Estado).
Desde esta óptica, las cuasimonedas podrían entenderse como una salida de “second best” frente a la imposibilidad de emisión monetaria.
Claramente esa no es la situación actual. El sistema cambiario y el marco orgánico del sistema monetario y financiero son muy distintos, por lo que el margen que hoy posee el Banco Central para emitir es muy amplio, inclusive si esa emisión es a los fines de financiar al sector público.
En virtud de ello, la percepción que se genera en los actores de la economía ante una emisión de cuasimonedas es que se está atravesando una situación de crisis extrema que obliga a acudir a dicho instrumento (en la población argentina, se asocia casi linealmente las cuasimonedas con la crisis del 2001).
En ese sentido, la emisión de cuasimonedas genera un impacto negativo sobre la formación de las expectativas de los agentes económicos domésticos e internacionales, que bien podría resumirse en la siguiente frase: “Qué mal debe estar la economía que tuvieron que emitir cuasimonedas”. La toma de decisiones de inversión y de consumo se ven influenciadas por las expectativas. En ese sentido, en la medida que las cuasimonedas contribuyan a configurar expectativas negativas en los actores económicos, estarán impactando de modo desfavorable sobre la actividad productiva.
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