Enfrentan a la Nación con provincias

Pero en voz baja, se suman además los planteos de un grupo de distritos que, desde hace años, pretenden recibir una tajada de los fondos que percibe la APN en concepto de entradas, sobre todo si se tiene en cuenta el sostenido incremento del número de turistas que disfrutan de los parques.
En la actualidad, sólo en una docena de parques nacionales se cobra entrada, que queda en manos del organismo federal. En 2005 esa cifra fue de $ 22 millones, aunque si a ese monto se le resta lo percibido por los concesionarios de servicios, los ingresos se reducen a $ 14 millones.
En rigor, en el fondo, se trata de una puja que involucra ingresos millonarios, si se suma a la percepción de las entradas en sí el real o potencial impacto indirecto que en la región genera el turismo.
Conscientes de la riqueza que guardan estos terrenos premiados por la naturaleza, en algunas provincias pregonan a los cuatro vientos que jamás los entregarán a la jurisdicción ambiental nacional. Es el caso de Mendoza, con su mundialmente famoso Parque Provincial Aconcagua, que recauda tres millones de pesos anuales. Recursos que utiliza el gobierno mendocino para solventar el mantenimiento del resto de sus parques.
Planteos
Desde Neuquén, el ministro de Producción y Turismo de Jorge Sobisch, Marcelo Fernández Dötzel, le dijo a Ambito Nacional que la APN «no cuenta con la autorización de Neuquén para operar» en el territorio provincial. «Además no quieren que los controlemos: pretenden ser un organismo autónomo, una provincia dentro de otra», advirtió.
Según el funcionario, la pretensión de la provincia es que ese organismo «administre un espacio dentro del territorio neuquino como área natural protegida, pero bajo control y supervisión de leyes provinciales». El enojo también apunta a que desde Nación «arman planes turísticos que colisionan con el Plan Maestro de Neuquén».
Fernández Dötzel además consideró que la entrada que se cobra en el Parque Nacional Lanín «es deslealtad comercial, porque se cobra un servicio que no se presta». «Es calamitoso el estado de la infraestructura», castigó, además de denunciar la existencia de «situaciones de desmanejo ambiental, como el tratamiento de residuos sólidos que hace en los campings».
El funcionario también se quejó de que «hay hosterías y hoteles dentro del área administrada por Parques Nacionales que se niegan a tributar en las arcas provinciales, argumentando que están en territorio nacional».
«No tenemos ningún inconveniente en dirimir el conflicto en la Justicia», dijo en su momento el funcionario, cuando trascendió que la APN se presentó en diciembre ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para que el máximo tribunal se pronuncie en el conflicto de competencias.
Los cuatro parques nacionales con los que cuenta Neuquén ocupan cerca de 10% del territorio provincial. Se trata del Lanín, el Nahuel Huapi, el Arrayanes y el Laguna Blanca.

En el caso de San Luis, en tanto, Alberto Rodríguez Saá mostró en las últimas semanas su malestar por la falta de obras en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Según fuentes locales, el gobernador pretende provincializar la administración de esas cerca de 75 mil hectáreas para concretar las obras deseadas y para ofrecer más servicios turísticos.
Si bien trascendió días atrás que el mandatario había amenazado con tomar el parque y llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allegados al sanluiseño le bajaron el tono al conflicto y aseguraron que la ventilada intimación no existió.
Para crear un parque nacional, los gobernadores deben ceder la jurisdicción provincial a los efectos ambientales, aunque el área no deja de ser territorio de la provincia. El proceso requiere tanto de una ley provincial como de una norma nacional. Si hay tierras fiscales de por medio, se cede el dominio a Nación; si se trata de terrenos privados, el organismo nacional solventa el costo de la expropiación.