Entre aliados norteños y la incógnita Provincias Unidas, Javier Milei negocia con gobernadores por la reforma laboral

Diego Santilli inicia gira por el país para sumar voluntades. Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, las figuritas difíciles, ya admitieron reparos con el proyecto. Provincialistas y peronistas díscolos, abiertos a negociar.

Los gobernadores de Provincias Unidas serán clave para el futuro de la reforma laboral.

El Gobierno se anotó su primera gran cucarda parlamentaria en mucho tiempo con la aprobación del Presupuesto 2026. Envalentonada por el triunfo, la crew oficialista se alista ahora para una aventura de mayor envergadura: la reforma laboral. Con ese norte, la Casa Rosada aceita contactos con los gobernadores aliados y dialoguistas, esperando repetir el ecosistema de apoyos en el Congreso. Sin embargo, la empresa se anticipa agitada.

A diferencia de lo que ocurrió con la llamada "ley de leyes", que contaba desde el vamos con el aval de la mayoría de las provincias, el proyecto de "modernización laboral" toca fibras sensibles tanto para los partidos políticos como para sus dirigentes, en especial para el peronismo. En su contraofensiva para bloquear la iniciativa, la CGT intensificó los cruces con los mandatarios en búsqueda de voluntades.

No solo respondieron al llamado aquellos caciques de Unión por la Patria (UP), sino también de otros espacios, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), todos ellos de Provincias Unidas. En diciembre, mantuvieron un encuentro con el flamante triunvirato de la central obrera con el objetivo de intercambiar consideraciones sobre el texto. El hecho de que La Libertad Avanza (LLA) decidiera patear la discusión para febrero fue considerado una primera victoria para la oposición.

De todos modos, el cotejo está lejos de haber terminado; por el contrario, para el Gobierno recién comienza. El ministro del Interior, Diego Santilli, reeditará durante el verano su gira por las provincias con el objetivo de sumar voluntades. La primera parada del tour será este miércoles en Trelew, donde se verá con el chubutense "Nacho" Torres. Habrá, también, escalas en distritos amigables, como la Salta de Gustavo Sáenz, la Entre Ríos de Rogelio Frigerio y la Chaco de Leandro Zdero.

Precisamente, en el entramado de líderes dialoguistas, la Casa Rosada buscaría apoyarse no solo en sus socios electorales, como Frigerio, Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo, sino también en provincialistas y peronistas díscolos, que vienen de ser claves para la aprobación del Presupuesto 2026. Se trata del tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua, además del ya mencionado Sáenz.

Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, dos peronistas con los que el Gobierno espera contar para la reforma laboral.

Todos ellos comandan a un nada despreciable grupo de ocho senadores. No es suficiente pero serán clave para terciar entre los libertarios y la oposición más intransigente. En esa pecera, el mileísmo espera captar voluntades ajenas. Algunos de esos gobernadores ya dejaron guiños en el camino. “Tenemos que modernizar la provincia y el país. Eso no significa resignar derechos adquiridos desde el 45 ni malinterpretar el debate", dijo, por ejemplo, el primer Magistrado de Tucumán semanas atrás.

Esta semana, la Casa Rosada oficializó su retiro definitivo de la empresa interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y transfirió el control pleno de la compañía a la provincia de Catamarca, la principal socia, un centro a Jalil luego de los servicios prestados. En despachos catamarqueños evitan ser tajantes respecto a la reforma laboral. "Hoy día estamos más cerca de dialogarla que de apoyarla u oponernos", apuntaron a este medio. Al respecto, graficaron: "Nosotros charlamos todo, así conseguimos YMAD. Es un momento histórico para Catamarca, que asume la mayoría de su empresa estatal insignia".

Más esquivo parece Provincias Unidas. El bautizado "frente de los gobernadores" salió golpeado de su aventura electoral, pero intenta mantener la sintonía puertas adentro. En el debate por el Presupuesto, su bloque de Diputados se abstuvo en la votación en general y, en particular, aportó luces rojas para el Capítulo 11, que finalmente terminó cayendo.

En ese entramado, actualmente hay dos figuritas difíciles: Pullaro y el cordobés Martín Llaryora. Ambos fueron los impulsores de la flamante escudería, que terminó presa de la polarización. Ahora intentan sostener la distancia del oficialismo que empezaron a practicar con mayor vehemencia en la antesala de los comicios. El mediterráneo ya anticipó que la discusión por la "modernización laboral" tiene que ser con todos los sectores sentados a la mesa, incluyendo al gremialismo.

Hijo del ya fallecido Luis Alberto Llaryora, histórico dirigente de la Asociación Bancaria, el líder cordobés conoce los engranajes del mundo sindical. Proviene, además, del peronismo, lo que le otorga una visión particular respecto al debate que se avecina en el Congreso.

Aunque mantiene contactos con la CGT, en las últimas semanas la temperatura subió en la Docta, con numerosas manifestaciones de agremiaciones contra la reforma previsional impulsada por su gestión y aprobada por la Legislatura. No obstante, en el pago chico lo ven como un interlocutor para destrabar la discusión. "El problema con esto es que se ponen en juego banderas históricas. Es como la reforma universitaria de 1918 para el radicalismo. 'No se metan con eso', dicen en la UCR. Pero, hermano, estamos en 2026", reflexionó una voz provincial.

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.

Su vecino santafesino, en tanto, advirtió que el Gobierno tiene una mirada "empresarial" en su proyecto, mientras que en la provincia prima una visión "pyme". "Se va a acompañar lo que entendemos que está bien. La mirada de Santa Fe no está centrada en las grandes industrias, sino una propuesta orientada a fortalecer a las pymes. El país necesita una modernización laboral que les permita a las pymes sostener los empleos y que muchas personas que están en negro puedan pasar a estar en blanco", señalaron a Ámbito desde la Casa Gris.

Aclararon, además, que en algunos aspectos "el proyecto de modernización laboral tiene que ver con lo que se necesita". Y añadieron: "Hay coincidencias en algunos puntos a modificar. Existen distorsiones que corregir y hay que encontrar un equilibrio y para evitar que perjudique a los trabajadores o al capital privado".

Pullaro es uno de los pocos jefes provinciales que todavía no se reunieron con Santilli. En su agenda de reclamos, continúa en pie la deuda millonaria que Nación mantiene con la caja previsional de su distrito. La misma está judicializada ante la Corte Suprema. Según distintas estimaciones, la cifra oscila entre $1 billón y $2 billones.

Ignacio Torres y Diego Santilli exploran un acuerdo para la deuda de Nación con la caja previsional de Chubut.

En la misma órbita, el chubutense Ignacio Torres se anticipa como otros los caciques a seducir. Semas atrás, Torres amenazó con acudir al máximo Tribunal en reclamo de $51.000 millones que el Gobierno le debe al sistema jubilatorio de Chubut. Tras la advertencia, Santilli se reunió con el patagónico y, en coordinación con Luis Caputo, empezaron a delinear los puntales de un acuerdo para definir el flujo a pagar. De todos modos, en la gestión sureña anticipan que la presentación ante la Justicia se hará.

Respecto a la reforma laboral en sí, Torres no tiene una posición monolítica. "Nacho no tomó postura, pero en líneas generales siempre estuvo de acuerdo en que hay que hacer cambios en las leyes laborales porque hace una más de una década que no se crean nuevos puestos de trabajo en el sector privado", indican en su gobernación.

Más allá de las negociaciones, el Gobierno abrió la billetera. En diciembre pasado, según datos de la consultora Politikon Chaco, siete provincias recibieron transferencias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de Catamarca, con $10.000 millones; Chaco, $11.000 millones; Chubut, con $9.500 millones; Entre Ríos, con $7.000 millones; Misiones, con $12.000 millones; Salta, con $6.000 millones; y Tucumán, con $20.000 millones. Se trata, en todos los casos, de administraciones cercanas a Nación.

La lupa en los cambios impositivos

En espejo, gobernadores de distintas escuderías analizan con lupa por estas horas los cambios impositivos que contempla el proyecto. De acuerdo a un informe elaborado por el diputado Guillermo Michel que circuló entre los mandatarios peronistas, las provincias perderían $1.729.044 en concepto de fondos coparticipables en caso de aprobarse la iniciativa del oficialismo.

Según el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI. De ese monto, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades; es decir que $34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las ganancias.

"La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI", detalla el informe. Esa caída, agrega, impactará en el Tesoro nacional y en las provincias.