16 de julio 2004 - 00:00
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Un informe del Centro de Estudios Bonaerense (CEB) indica que en el sector público nacional, el aumento previsto genera una suba en el presupuesto de alrededor de $ 100 millones, desde su entrada en vigencia en junio, hasta fin de año. Dicho monto representa 1,3% del gasto en remuneraciones presupuestado para 2004, y 1,1% del superávit previsto para lo que resta del año.
Impacto
Su impacto anual es de $ 180 millones, 2,4% del gasto en remuneraciones presupuestado y 1,2% del superávit proyectado para todo el año en curso.
Por su parte, a nivel de los gobiernos provinciales, un aumento de $ 150 a los 816.000 empleados que ganan menos de $ 1.000, arroja un total de $ 1.592 millones anuales. Esta suma representa 8,3% del gasto en personal del consolidado de provincias y alrededor de 40% del superávit primario, proyectados para este año.
Vale decir que para que la medida tenga un costo de $ 180 millones anuales, como en el caso de la administración nacional, las provincias tendrían que incrementar los salarios en $ 17.
Aun así, en caso de disponerse un aumento de este tipo en el consolidado de provincias para el segundo semestre, el resultado primario de $ 4.000 millones estimado para 2004 se reduciría a $ 3.200 millones, sin poner en peligro el logro de la meta de superávit de 0,6% del PBI, previo al pago de intereses, acordada con el FMI.
Asimismo, el informe del CEB señala que, más allá de que para 2004 las subas salariales no pondrían en peligro el cumplimiento de las metas comprometidas con el FMI, se debe estar atento para que la aplicación de estas medidas no ponga en peligro el equilibrio presupuestario alcanzado por los gobiernos provinciales.
En tanto que se señala que como el incremento en los salarios de empleados públicos se destinaría prácticamente en su totalidad al consumo, se producirían efectos positivos sobre el nivel de actividad y la recaudación, revirtiendo así parcialmente el impacto negativo en el nivel de superávit.




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