Lanusse: un balance con fuertes críticas

Con el tono publicitario que tanto criticó a la destituida Mercedes «Nina» Aragonés de Juárez, Lanusse -que lejos está de tener una administración consolidada, sino más bien todo lo contrario a juzgar por las crecientes críticas- destacó «una inversión de 68 millones en educación», así como «176 millones de pesos en obras públicas para la reparación de rutas y caminos, agua potable, cloacas y viviendas».Por supuesto, omitió los puntos más débiles de su administración:
c Los partidos políticos tradicionales le critican que no fueron llamados al diálogo.
c Crisis habitacional que llevó a incidentes con los «usurpadores» de viviendas construidas por el Estado.
c Aseguran los dirigentes de la provincia que Lanusse no tiene la potestad como para llamar a elección de convencionales constituyentes, tal como lo planea para octubre.
c También lo acusan de querer montar un aparato de poder para cuando se encare la sucesión, entre otros ítem.
En lugar de reconocer estos problemas, la administración local ilustró en la publicidad de los diarios otra realidad:
c «En salud se invirtieron 92 millones de pesos, implementándose el Programa Médico Obligatorio de Emergencia, la aplicación de vacunas, adhesión al Plan Federal de Salud y capacitación de agentes sanitarios.»
c «En el área de acción social, la intervención invirtió 30 millones de pesos en la entrega de alimentos, becas y subsidios.»
c Sobre justicia y seguridad, la gestión señaló «como acciones positivas la renovación de jueces, una recompensa de 200 mil pesos para las personas que brinden datos y permitan esclarecer el doble crimen de La Dársena, y un incremento en 20 millones de pesos en seguridad».
c En materia económica, indicaron que se destinó «un mayor presupuesto, de 400 mil pesos, para obras y servicios sociales sin endeudar a la provincia ni aumentar impuestos», y que se creó un «programa de apoyo a la producción, un nuevo código de descuentos y se aumentaron los salarios a estatales».
c En el área municipal, Lanusse hizo referencia a «la entrega de 6 millones de pesos para obras públicas», al «pago en término de la coparticipación» y a la «eliminación de los delegados departamentales, que funcionaban como los ojos y oídos del gobierno provincial».
En tanto, ayer la empresa EDESE denunció que la medida adoptada por el gobierno de la intervención federal, que dejó sin efecto un subsidio de 500 mil pesos mensuales a la compañía, «precipita a Santiago en una crisis energética de consecuencias imprevisibles» con «gravísimos perjuicios económicas y sociales que comprometen el futuro y el bienestar de todos los santiagueños».
En una solicitada -publicada ayer en medios gráficos- el presidente de la empresa, Néstor Ick, y el accionista Pablo Castiglione señalaron que «una demanda de 60 fojas fue leída, analizada y evaluada jurídicamente por un fiscal y cinco magistrados intervinientes en unas pocas horas del mismo día».
«La actual Justicia provincial no es independiente porque todos los magistrados son mantenidos en comisión, y podrían ser removidos de inmediato si sus resoluciones no satisfacen a los funcionarios federales», añadieron.