“Limitaciones a la democracia”

La virtud del acuerdo es una condición del sistema democrático de gobierno. Pero, en nuestro caso, un valor recurrentemente relegado en el manejo de los asuntos públicos; especialmente, cuando se trata de resolver problemas fundamentales para la sociedad, en los que los intereses del Estado superan al de sus periódicos administradores. El acuerdo es el fruto del diálogo en demanda de consenso entre el poder público y todos los sectores involucrados por sus consecuencias, dentro de los cauces institucionales o fuera de ellos cuando la naturaleza de los problemas así lo exige. Durante los últimos tiempos, una serie de graves cuestiones coincidentes en la problemática del gobierno nacional está poniendo en evidencia que muy buena parte de sus complejidades depende de la inobservancia de esa regla de juego indispensable para la mejor gestión democrática. Tres de ellas, especialmente, están haciendo crisis por ausencia de esa condición sustancial del diálogo hacia el acuerdo: el proyecto reformador del Consejo de la Magistratura, el propósito oficial de establecer controles en el mercado de carnes y el conflicto con Uruguay por la eventual contaminación de las plantas papeleras. Por distintos caminos, en los tres casos, las autoridades gubernamentales no han propuesto ni han aceptado el diálogo con los factores involucrados; o, todo lo más, tan sólo lo han hecho por la imposición violenta de grupos o entidades que no pueden ser eludidos. Magistratura
Seguramente que el caso más notorio de interés deliberado en eludir las condiciones mínimas de un acuerdo es el que concierne al Consejo de la Magistratura, cuya reforma pretende asignar indirectamente un rol influyente al gobierno de turno sobre las decisiones fiscalizadoras del organismo. Ese es, al menos, el eje de todas las objeciones públicas que numerosos colegios de abogados, agrupaciones de jueces y hasta declaraciones judiciales, además de instituciones muy diversas, han formulado, reclamando ser directamente escuchados por la autora del proyecto con media sanción, la senadora Fernández de Kirchner. La iniciativa, por cierto, no fue precedida por consulta alguna y tan sólo en dos casos se aceptaron solicitudes bajo fuerte presión. A la notoriedad del tema se agrega su naturaleza constitucional, subrayada por reconocidas personalidades académicas cuyas opiniones fueron ignoradas o descalificadas por voceros oficialistas carentes de formación adecuada. El conflicto por las papeleras ha tenido a esos efectos una particularidad muy diferente, aunque no por ello menos reveladora de la perniciosa ausencia de diálogo por desinterés oficial. Basta señalar que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, logró rápidamente el acompañamiento incondicional de los líderes de la oposición, mientras que el presidente Néstor Kirchner ha procurado mantener distancia públicamente del problema, al igual que todas las expresiones partidarias opositoras, ajenas a los intereses en juego.
Sobre el conflicto con los productores de carne, poco cabe agregar a nuestro reciente editorial del 28/1, como no sea el intento de limitar el diálogo a los sectores que previamente acepten las decisiones oficiales. De este modo, se excluye a siete organizaciones representativas de los intereses agrarios. Hasta aquí las evidencias más significativas de que se ha perdido en nuestra vida pública la virtud del acuerdo por desprecio del diálogo racional desprovisto de intereses políticos unilaterales propios del oportunismo y la coyuntura ideológica. Pero en política no hay espacios vacíos y, en consecuencia, es la confrontación la que termina imponiéndose en la precaria solución de los problemas, frustrando el consenso de la genuina mayoría de intereses en juego.
Es por esa carencia que la democracia sigue siendo una experiencia muy difícil en nuestro país, donde el pluralismo carece de los cauces para el consenso requerido por un buen gobierno.