“Total ausencia de la ética de la verdad”

De modo recurrente, nuestra sufrida sociedad argentina ha padecido las influencias de quienes se han creído iluminados por una suerte de designio divino que los instaló en la más alta cúspide del gobierno. Y desde allí, rápidamente, han quebrantado su esperanzada democracia con el ejercicio irrestricto del poder, escapando a la influencia de la ley, alterando el quicio racional de las instituciones y, a menudo, alentando la vía violenta de la confrontación de clases.Los hechos recientes, del dominio público, ponen de resalto que el ejercicio del gobierno de la República prescinde, lisa y llanamente, del imperio de la ley, alentando ciertos desbordes que empañan el esfuerzo del pueblo en la recuperación de la credibilidad internacional y de la seguridad jurídica. No es el caso calificar ni describir ahora los numerosos excesos del poder, sino poner en evidencia una total ausencia de la ética de la verdad.
Durante más de doce años, la primera minoría política de la provincia de Santa Cruz, la Unión Cívica Radical, llevó adelante, con incansable persistencia, el reclamo al entonces gobernador, Néstor Kirchner, de la provincia para que informara a su pueblo acerca del destino de los fondos obtenidos por las regalías petroleras y la venta de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que rondan los u$s 1.000 millones.
Nunca pudo obtenerse un pronunciamiento acerca de ese importante patrimonio provincial; la Legislatura local, que hoy ostenta la más aberrante mayoría que destruye toda idea de proporcionalidad democrática (22 de 24 legisladores pertenecen al partido del gobierno), jamás obtuvo una información acorde a la importancia de la disposición de esos fondos públicos; las tres denuncias penales formuladas fueron desestimadas de plano (10 de octubre de 1996, su ampliación el 21 de noviembre de 1996 y el 13 de mayo de 1999); el nuevo gobernador, Sergio Acevedo, prometió en su campaña traer esos fondos (o los menguados que se intentó blanquear) para sostener el desarrollo de la provincia, lo que no se hizo aduciendo la existencia del «default», sin que hasta la fecha haya dado respuesta a las notas que le formulara (24 de febrero de 2004 y 14 de abril de 2004); a sesenta días del requerimiento formulado al presidente del Banco Central para que informe la vía utilizada, las personas autorizadas, las instituciones intervinientes y las que autorizaron la salida de los fondos del país, su cuantía, rentas y comisiones pagadas, no ha dado respuesta (nota del 27 de abril de 2004).
El propio presidente del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, Angel de Dios, ha requerido al Ministerio de Economía de la provincia, a cargo de Luis Villanueva, la documentación respaldatoria de las operaciones realizadas (nota TC Nro.: 200-SG-04, del 26 de mayo de 2004), declarando insuficientes las copias simples -sin sellos, ni membretes, ni firmas de las entidades de crédito del exterior comprometidas- que acompañan una suerte de rendición de cuentas que no reúne los elementos mínimos para ser considerada tal.
Pero esa nota y esa sana intención de control institucional fue grotescamente bastardeada por un vocal del Cuerpo, Mario Layun (primo del presidente de la Nación), que en nota sucesiva y en ausencia temporal de su presidente, se ha dirigido al ministro indicando que resulta innecesaria la documentación reclamada (nota TC Nro.: 212-SG-04, del 1 de junio de 2004 ), con lo que cabe esperar que se apreste a aprobar el más vergonzoso desapoderamiento de bienes públicos de que se tenga noticia en la República, en «plena vigencia democrática». Aunque no resultara grato al poder, instaurado en el gobierno de la Nación y de Santa Cruz, la sujeción a la ley, cuando menos cabría exigirles, a ambos, el respeto a la ética a la verdad. La democracia y el pueblo de la Nación se lo merecen.