Javier Milei pone en marcha el debate por semillas y divide matices en el agro

Tras su mensaje en el Congreso, la industria celebró la adhesión a UPOV 91. Entidades rurales acompañan, pero reclaman acuerdo amplio.

En su discurso, Milei vinculó la falta de actualización normativa con la brecha productiva frente a Brasil. 

Gentileza

En un discurso de poco más de una hora y media ante el Congreso, el presidente Javier Milei dedicó pocos minutos al agro, pero dejó definiciones que reactivaron uno de los debates más postergados del sector: la modernización de la Ley de Semillas. Sin anuncios concretos sobre retenciones, reiteró que la baja continuará “de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita” y adelantó que enviará un régimen para garantizar el derecho de propiedad a los innovadores en semillas.

“El sector agropecuario también tendrá su revolución. Estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de grano, duplicando la producción actual. Para ello daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas; continuaremos el sendero de baja de retenciones de forma responsable y solo en la medida que el superávit fiscal lo permita”, afirmó.

Aunque el capítulo agro no ocupó un lugar central en la exposición, la mención a la propiedad intelectual vegetal tuvo impacto inmediato en la industria semillera, que salió a respaldar con fuerza la eventual adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la UPOV.

Fuerte respaldo de los semilleros a UPOV 91

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró “de manera contundente” la decisión del Presidente de situar la modernización del régimen de propiedad intelectual vegetal como una “prioridad estratégica de Estado”. En un comunicado difundido tras el discurso, la entidad consideró que la adhesión a UPOV 91 constituye “un paso decisivo para revertir un proceso que, durante décadas, fue erosionando la competitividad y la productividad del agro argentino por falta de actualización normativa y de reglas claras”.

ASA sostuvo que el Acta 1991, adoptada por 63 países, es hoy el estándar internacional en protección de obtenciones vegetales y advirtió que la Argentina continúa bajo el esquema de 1978, lo que la mantiene al margen de ese marco. “Actualizar la normativa es una condición necesaria para competir en igualdad de condiciones y potenciar la capacidad exportadora del país”, señaló.

El comunicado también destacó que la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas y una protección efectiva de los derechos del obtentor brindarán previsibilidad y transparencia a toda la cadena. A la vez, remarcó que el Estado conserva herramientas para regular de manera equilibrada el uso propio, uno de los puntos más sensibles de la discusión.

“Sostener el esquema actual implica mantener un modelo que ya mostró sus limitaciones”, afirmó ASA, que reafirmó su disposición a trabajar junto al Gobierno y el Congreso para implementar las reformas.

El debate no es nuevo. La Ley 20.247 data de 1973, cuando la soja recién comenzaba a expandirse en el país y la biotecnología agrícola no existía en su forma actual. El eje de la controversia gira en torno al uso propio, es decir, la posibilidad de que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla. Mientras sectores productivos defienden esa potestad sin mayores restricciones, la industria semillera reclama reglas más claras para evitar abusos y asegurar el recupero de la inversión en genética.

En su discurso, Milei vinculó la falta de actualización normativa con la brecha productiva frente a Brasil. “No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas, que no se pueden vender en la Argentina”, sostuvo. También mencionó el caso del algodón y la diferencia de rindes: “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos por hectárea cuando en Brasil son de 1.400”.

Retenciones sin anuncios y apoyo con matices

En materia tributaria, el Presidente no realizó anuncios concretos. Actualmente, las retenciones se ubican en 24% para la soja, 7,5% para trigo y cebada y 8,5% para maíz. Milei reiteró que continuará la reducción de los derechos de exportación, pero condicionada a la solidez de las cuentas públicas.

El sector valoró el tono general del mensaje, aunque con matices. Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) coincidieron “plenamente” con los conceptos presidenciales sobre respeto a la propiedad privada, apertura económica, inserción internacional y baja de impuestos distorsivos. También destacaron la mención al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), pensado para dinamizar bienes de capital y sistemas de riego en economías regionales.

La Sociedad Rural Argentina subrayó que es relevante que el agro sea visto como un aliado estratégico cuando existen reglas claras y previsibilidad. Coninagro consideró positiva la referencia a la meta de 300 millones de toneladas como horizonte productivo.

En cambio, desde la Federación Agraria Argentina advirtieron que la modernización de la Ley de Semillas debe surgir de un consenso sectorial y no de imposiciones externas. Si bien reconocen la necesidad de actualizar la norma y fomentar la inversión en tecnología, manifestaron preocupación ante la posibilidad de una adhesión automática a UPOV 91 sin un acuerdo amplio en la cadena.

La discusión sobre semillas ya tuvo intentos fallidos en el pasado. Durante el gobierno de Mauricio Macri se avanzó en un dictamen en Diputados que no prosperó. Más tarde, en la gestión de Alberto Fernández, también hubo intentos de introducir cambios vinculados al pago por uso propio, sin éxito.

Ahora, con el respaldo explícito de la industria semillera y la señal política del Ejecutivo, el tema vuelve al Congreso en un contexto donde la competitividad, la brecha tecnológica y la necesidad de más exportaciones forman parte del discurso oficial. Sin anuncios inmediatos ni medidas concretas, la apertura de sesiones dejó planteado un eje claro: la propiedad intelectual en semillas como pieza clave en la estrategia productiva. El desafío será traducir esa definición en un proyecto que logre equilibrar intereses y, esta vez, consiga convertirse en ley.