El titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, volvió a cargar contra las exportadoras de cereales, a las cuales pidió «apego a la ley» y confirmó que el gobierno avanzará en el cobro retroactivo de retenciones correspondientes a 24 millones de toneladas de granos y subproductos, por un total de u$s 1.700 millones.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
«Estas firmas deben asumir el riesgo de la especulación y el fracaso de sus maniobras elusivas. Es de una excesiva voracidad querer trasladar a los productores las obligaciones tributarias que la ley les impuso», dijo ayer Echegaray por medio de un comunicado difundido por la ONCCA, en el cual acusó a las cerealeras de «pereza intelectual» y las criticó por «buscar reinterpretaciones a una ley».
El funcionario respondió así al texto emitido el viernes por el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), en el cual expresaron estar «sorprendidos» por las nuevas liquidaciones que realiza la ONCCA y aseguraron que «no se ajustan» a la Ley 26.351 (Martínez Raymonda). El sector empresarial argumentó que en sus primeros relevamientos sus números no coinciden con los que manejan la ONCCA y la AFIP. También hicieron saber que abordarían la vía judicial.
El conflicto afecta a unos u$s 1.700 millones según los primeros cálculos del gobierno. Amparándose en la Ley 26.351, el Decreto 764 y las resoluciones 1.487 y 1.898, el Estado aspira a cobrar a unas 57 firmas la diferencia entre las retenciones pagadas al realizar la declaración jurada de exportación y las existentes en el momento de concretar la venta.
La jugada hecha por las cerealeras -que no fue ilegal, ya que no estaba reglamentada la Ley 26.351- fue inscribir masivamente granos y subproductos para la exportación, pese a no contar con la propiedad de estos productos. Estos movimientos se realizaron especialmente en días previos a los aumentos de retenciones aplicados los pasados 7 de noviembre y 12 de marzo.
En el primero de estos casos, la soja pasó de tributar 27,5% a 35%, mientras que en la segunda oportunidad se instaló el sistema móvil de derechos de exportación, que ahora no está vigente, pero llegó a elevar la alícuota de la oleaginosa por encima de 48%.
Revisión
Tras la aprobación de la Ley 26.351, la ONCCA revisó exportaciones por 30,7 millones toneladas, de las cuales 24 millones ameritarían el cobro retroactivo de retenciones. Entre las 57 empresas implicadas se encuentran Cargill, Bunge, Aceitera General Deheza y Molinos Río de la Plata.
Según indicó la ONCCA ayer, «entre los descargos de las empresas figuran documentos que pretenden justificar como 'contratos a futuro', de incierta validez jurídica, para acreditar la adquisición. Estos contradicen las propias declaraciones que realizaron ante la ONCCA». La oficina comandada por Echegaray agrega además que «otro argumento utilizado es que los cereales estaban sembrados y faltaba cosecharlos. Nada de lo dicho acredita la tenencia efectiva ni la adquisición a los productores de un grano al momento de la suscripción del contrato que tal vez podría no haber existido por causa de otros factores externos a ellos, por ejemplo el climático».
Por su parte, Echegaray también aseguró -según se informó oficialmente- que no existió una baja de operaciones en los mercados nacionales de granos como reacción del sector exportador a la intimación de la ONCCA y AFIP. Según las solicitudes de ROE Verde presentadas ante el propio organismo, entre el primero y el veinte de este mes ya se solicitaron operaciones por más de dos millones de toneladas.
Dejá tu comentario