Cede el gobierno y no ajusta en INTA y en SENASA

Los dirigentes empresarios del campo lograron torcer el brazo del gobierno y el Estado no ahorrará los u$s 2 millones anuales previstos por la eliminación de los consejos de administración de los organismos que dependen de la Secretaría de Agricultura, como el INTA y el SENASA.

Si bien el decreto ya estaba preparado para la firma de Chrystian Colombo, los gremialistas empresarios parecen resistirse a algunas prebendas y, con cierto apoyo oficial, lograron quebrar el rumbo de una decisión ya tomada.

El decreto ahora paralizado preveía la eliminación de los cargos de consejeros rentados en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y tanto para este organismo como para el SENASA se creaba la figura del consejero ad honorem, con función de contralor pero sin cobro de un sueldo del Estado. Esto iba a permitir ahorrar dos millones de pesos, 70% de los cuales correspondía a gastos extra-sueldos.

El Consejo del INTA es un lugar en el que delegados de las entidades del campo -técnicas y gremiales-y facultades reciben un monto de $ 1.700 mensuales (luego del recorte de 13% que afectó a los sueldos estatales). A dicho valor se suman los gastos de representación, viáticos, plus por desarraigo e infraestructura a disposición de los denominados «vocales» de dicho organismo.

En el caso del SENASA, hace tres meses ya se había decidido que los integrantes del Consejo dejarían de cobrar honorarios por sus tareas. Pero, debido a las presiones de algunos integrantes disgustados con la decisión, ese consejo no pudo constituirse formalmente luego de la asunción de Bernardo Cané en el SENASA. Sin embargo, algunos representantes que lo componen se reúnen informalmente en el organismo.

Euforia

Curiosamente, desde la Secretaría de Agricultura y los organismos dependientes, los funcionarios se mostraron casi eufóricos por la decisión de paralizar el decreto que convertía al asesoramiento de las entidades en un aporte «desinteresado». El mayor impulsor de «no innovar», y quien habría acercado la inquietud dirigencial a Domingo Cavallo fue Marcelo Regúnaga, secretario de Agricultura. El motivo sería la necesidad de no sumar nuevos frentes de conflicto ante una situación sectorial ciertamente compleja y con pocas posibilidades de reactivación (pese a los planes de competitividad).

Pero el entusiasmo no frenaba en Regúnaga. De hecho, Manuel Otero, argumentaba más como dirigente rural que como vicepresidente del INTA: «El Consejo Administrativo no es un gasto sino una inversión», decía, por caso, en SIAL Mercosur. Por su parte, Mario Llambías, vice de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), más moderado, deslindaba escuetamente que «las autoridades entendieron que los organismos necesitan control social».

Desde la otra vereda, conocedores de la historia agropecuaria del país indican que «las entidades han tenido experiencias desagradables por recibir un sueldo del Estado. En muchas oportunidades tuvieron que atenuar, modificar y hasta callar sus opiniones».

Lo cierto es que en una situación compleja de país con declaraciones, más o menos públicas, de los mismos dirigentes empresarios sobre la necesidad de achicamiento del costo de la política, la decisión asumida por las cuatro entidades del campo es ciertamente ríspida y contradictoria. «No se pretende que los consejos trabajen gratis sino que las propias entidades del sector asuman los honorarios.

Así se terminaría el amiguismo y el compromiso político, y cada uno elegiría a profesionales idóneos», decían conocedores de los vericuetos del Estado, quienes aclaraban con acierto que en esta conflictiva situación no se puede generalizar porque en los consejos administrativos del INTA y el SENASA existe gente idónea y de calificada experiencia.