Por Rodrigo Álvarez Litre, Economista socio y director de Analytica.-
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La definición del actual escenario electoral le está bajando el precio al principal activo que tenía la transición: la expectativa de cambio en la orientación de la política macroeconómica. El mercado compró el "plan de aguante" que trazó el Gobierno para llegar a las elecciones, pero no perdona el avance del oficialismo en las encuestas. Aunque el riesgo de continuidad inquieta los animal spirits inversores, no golpea la vocación de consumo de las familias.
Por el contrario, el plan oficial está teniendo su recompensa política. Con el dólar planchado, sin movimiento en las tarifas de los servicios públicos y con la ventana de financiamiento de China, logró el aire necesario para estabilizar las expectativas cambiarias y bajar la inflación. Si bien esta bitácora no tocó ninguno de los problemas de fondo, permitió que las expectativas de los consumidores se recuperen y que mejore la confianza e imagen del Gobierno. De hecho, el índice de Confianza del consumidor que elabora la UTDT en junio se ubica sólo 5% por debajo del registro de octubre de 2011. Profundizando el análisis, surge que el consumidor se siente más optimista con su situación futura que con la presente, aceptan que están bien pero creen que van a estar mejor dentro de un año. En igual sentido, varios estudios de opinión pública, señalan que más de la mitad de la población se siente "cómoda" con su situación económica y no reclama grandes cambios. En suma, la polarización de la oferta electoral entre "Cambio" o "Continuidad" parece no tener correlato en las expectativas más moderadas de la población.
Por ello, los tiempos de exuberancia en el gasto de las familias y los hogares han quedado atrás. El consumidor dejó de gastar "alegremente", ahora se muestra preocupado o incluso frustrado por no poder sostener sus patrones de gasto. Los datos duros de consumo así lo reflejan. Pero lejos se está de percibir esta situación como una crisis. En el imaginario argentino esa caracterización está reservada para un tsunami como el de 2002 o un shock como el de 2008/9.
En la comparación, una economía que se contrae lentamente con 27% de inflación es tolerable. Más aún si consideramos una serie de aditivos que van a entrar en combustión en el tercer trimestre como la subas salariales post paritarias, el aguinaldo, los aumentos en la AUH y en las jubilaciones y pensiones. Lamentablemente el impacto de estas medidas sobre el ritmo de crecimiento de la economía será efímero; sin capacidad de respuesta de la oferta, el shock de demanda es amortiguado -básicamente- con aumentos de precios. Pero el Gobierno sabe que la ilusión monetaria funciona (por un tiempo) y que podrá capitalizar, con algunos puntos adicionales para la fórmula oficialista, este veranito de consumo.
Poco importa que las empresa tengan que mendigar para que les autoricen importaciones, que la industria pierda varios meses de producción al año por falta de energía, que la inversión extranjera se haya desplomado, que no existan estadísticas confiables, que la brecha entre el ritmo de crecimiento del gasto público y de los ingresos sea insostenible o que las empresas no puedan acceder a financiamiento externo. Para el votante promedio son referencias muy lejanas que el Gobierno astutamente se encarga de ocultar.
Existe una peligrosa disociación entre lo que la sociedad pide y lo que la economía necesita. Sólo de esta forma se explica que el consumidor llegue confiado a octubre y el inversor se muestre escéptico.
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