Destituyen a la dirección de Parmalat Brasil

Un interventor nombrado por un juez se hizo cargo hoy de Parmalat Brasil, pocas horas después que fueran destituidos los directores de la empresa y bloqueados sus bienes.

En una sentencia emitida en anoche, el juez de San Pablo Carlos Henrique Abrao declaró a la empresa en "estado de crisis económica y financiera", y determinó su intervención.

El juez separó de sus cargos al presidente de Parmalat Alimentos en Brasil, Ricardo Gonzalves, y a todos los directores de la multinacional italiana en el país.

Igualmente levantó el secreto bancario y telefónico de los ejecutivos destituidos, que no podrán abandonar el país ni vender sus bienes, según la decisión judicial difundida por el canal de televisión "Globo".

El mismo juez nombró como interventor de la empresa al economista Keyler Carvalho Rocha, un ex director del Banco Central brasileño.

Parmalat Brasil, la mayor subsidiaria de la multinacional italiana de alimentos en América Latina, tiene 6.200 empleados en el país, ocho fábricas de distintos productos lácteos y siete centrales de recolección y distribución de leche.

Cerca de la mitad de las plantas está paralizada por falta de materias primas debido a que los abastecedores se niegan a conceder nuevos créditos a la empresa desde que, en diciembre, surgió el escándalo financiero de la matriz de Parmalat en Italia.

Parmalat es el segundo comprador de leche en Brasil después de la multinacional suiza Nestlé, con cerca del 5 por ciento del mercado, y anualmente adquiere unos 1.100 millones de litros del producto a las cooperativas nacionales, por lo que se calcula que unas 100.000 personas dependen directa o indirectamente de la empresa.

La intervención judicial fue conocida poco después de que Gonzalvez anunciara su intención de renunciar al cargo ante la imposibilidad de continuar comandando una empresa sin recursos en tesorería y sin crédito en el mercado.

El presidente de Parmalat en Brasil consideró injustificada la decisión de la justicia de prohibirle la salida del país y congelar sus bienes.

"Me siento bastante humillado. Soy un administrador de empresas y fui contratado hace casi dos años para rescatar la empresa. No cometí ningún delito. No hay ninguna razón para esa decisión", afirmó Gonzalves en declaraciones al canal "Globo".

La sentencia igualmente fue pronunciada dos semanas después de que la empresa solicitara autorización para acogerse de forma preventiva a la ley brasileña de quiebras.

Este recurso le hubiera permitido seguir con su proceso de reestructuración y le daría un plazo de dos años para saldar las deudas con los acreedores.

En la carta de renuncia que llegó a redactar, Gonzalves se quejó de la falta de apoyo de la matriz y de las presiones de los acreedores, y afirmó que la empresa necesita ayuda del gobierno brasileño para reestructurarse.

El ejecutivo ya había dicho ante una comisión del Congreso que la situación de la empresa "ha evolucionado de forma dramática" y que la filial está parcialmente paralizada por falta de financiación para la compra de materia prima.

El miércoles, en una comparecencia ante la misma comisión parlamentaria, el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, aseguró que el Gobierno no tiene ningún plan para intervenir la empresa.