El titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, responsabilizó ayer a las entidades agropecuarias por la escasez de adhesiones al registro de compensaciones abierto para los pequeños productores de soja y girasol. Aseguró, además, que por irregularidades en las ventas al exterior hechas en noviembre del año pasado, los exportadores deberán pagar cerca de u$s 649 millones que deberán ser reliquidados.
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Ante los miembros de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura de la Cámara de Diputados, Echegaray dijo que «ninguna de las entidades agropecuarias ha respondido a la adhesión al convenio» abierto por el gobierno; y que «es aconsejable para la construcción de una política positiva que las entidades del agro firmen los convenios, ya que de 550 municipios, sólo adhirieron 83. El sistema funciona. En 10 días se liquidaron las compensaciones. Tal vez por el conflicto no se pudo canalizar, pero el Estado ya pagó 519 millones de pesos en compensaciones a los pequeños productores», aseguró Echegaray.
Luego de la sesión, en diálogo con este diario el funcionario comentó que a través de una revisión que realizó la ONCCA «los exportadores que estimaban que subirían las retencio-(por u$s 940 millones) y deberían haber pagado hasta 46,5% que era la tasa al día del embarque (u$s 1.590 millones). Hay u$s 649 millones que informamos a la AFIP para que investigue cómo deben ser reliquidados». Echegaray señaló también que hay evidencias de que «fondos buitre están operando en el mercado de granos en perjuicio del país». Y dijo que «las políticas oficiales pondrán ahora la mira en esos capitales especuladores».
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