5 de marzo 2001 - 00:00

El fuerte recorte del Estado que quiere hacer López Murphy

Si algo tiene Ricardo López Murphy para ofrecerle al gobierno de Fernando de la Rúa como nuevo ministro de Economía, son ideas y planes de acción concretos, activos que el gobierno de la Alianza reclama a gritos. Desde la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Ricardo López Murphy pudo estudiar prácticamente todos los sectores problemáticos de la economía argentina, junto a su inseparable colaborador Daniel Artana. Este tomó la posta en FIEL desde que el nuevo ministro de Economía se sumó a la campaña política para la presidencia de De la Rúa, a comienzos de 1999.

Los dos trabajos de FIEL donde el nuevo ministro tuvo más protagonismo y que conservan actualidad, son los de Reforma de la Administración Pública Nacional y Modificación del Sistema Impositivo. Ambos fueron mencionados ayer durante las conversaciones que el nuevo ministro tuvo con De la Rúa. En el caso de la Reforma de la Administración Pública, FIEL propone un Presupuesto Base Cero que permitiría hipotéticamente reducir el gasto en u$s 3.411 millones anuales. Este programa podría estar listo en 6 meses y aplicarse totalmente en un año.

Contribución

La propuesta de Reforma Impositiva que elaboró FIEL, está fechada originalmente en 1998, pero fue aggiornada entre noviembre y enero pasado para ser presentada ante el jefe de Gabinete Chrystian Colombo como contribución a su propio proyecto de reformular la estructura tributaria argentina. Propone mantener la base impositiva local en los tributos a las ganancias e IVA, pero eliminando todas las exenciones y promociones industriales. Con esto habría un incremento en la recaudación de u$s 2.900 millones, lo que a su vez permitiría reducir el IVA a aproximadamente 18 por ciento y volver la situación de Ganancias a las alícuotas de diciembre de 1999 (pre «impuestazo»).

Además se pide que la AFIP vuelva a Economía, que sea controlada por alguno de los equipos de las principales empresas auditoras en la Argentina y que se impulse una reforma de la estructura del personal del organismo. El tercer trabajo que FIEL aportará como «think tank» es el de la «Economía Oculta» que presentó este diario el lunes pasado, y que calcula la evasión y la economía ilegal en u$s 64.000 millones. Este informe identifica cada uno de los sectores donde hay manejo de fondos que no generan ingresos para el fisco.

Los principales puntos de los tres trabajos con los que López Murphy llegará a Economía son los siguientes:

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El gasto público estructural no bajó durante la década pasada pese al programa de privatizaciones. Incluso desde 1992 en lugar de retroceder, el número de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales aumentó.

Intentos

* La reducción de personal desde 1990 fue de sólo 24.000 agentes, superándose todavía la cifra de 100.000 empleados públicos.

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Los intentos de reducir el tamaño de la Administración mediante supresión o unificación de organismos a partir de la estructura existente resultan poco efectivos. Todo lo que pueda lograrse frente a la resistencia de aquellos que son pasibles de ser cesanteados se compensa por nuevas expansiones del sistema, cuya propensión natural es a agrandarse.

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Se propone reestructurar el gasto a partir de una estructura de Base Cero. Esta metodología de presupuesto fue creada para eludir el camino sin salida de querer reducir el gasto recortando lo que existe.


Parte de la hipótesis de que no existe lo que se presupuesta, para proponer luego la menor estructura posible.

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Reducir el número de categorías intermedias entre el máximo nivel de conducción y las unidades administrativas sustantivas. Actualmente hay cinco niveles: presidente, ministro, secretario, subsecretario y director nacional. En la propuesta los niveles se reducen a cuatro: presidente, ministro, director nacional y subdirector. Esta última sería además la última ramificación posible.

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Según la propuesta habría 218 unidades administrativas contra las 571 actuales.

Funciones

* La estructura por debajo del presidente y vicepresidente se vuelve mínima, eliminando las secretarías que dependan del Poder Ejecutivo.

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Los ministerios serían 8: Jefatura de Gabinete (se contabiliza como ministerio), Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Defensa, Economía y Trabajo, Justicia, Cultura, Educación y Tecnología, Salud y Seguridad Social.

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La jefatura de Gabinete sólo tendrá las funciones de coordinación interministerial, relación con el Congreso y apoyo y control del conjunto del Poder Ejecutivo. Todas las otras funciones que se superpongan con los ministerios, quedarán en responsabilidad de estas carteras. Como ejemplo se cita al presupuesto y la recaudación impositiva: las dos deberían entrar dentro de las dependencias de Economía.

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Se debe recrear la carrera de profesionales de la administración pública, y que obligatoriamente los profesionales de este origen ocupen los cargos hasta subdirector nacional. Los cargos de director nacional, viceministro y ministro; junto con los organismos descentralizados, serán de designación política. Esto implicaría que la nueva estructura del Poder Ejecutivo admitirá 108 cargos superiores de designación política, comparados con los 259 de la estructura existente.

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Jerarquización salarial, que implica incrementar la remuneración media del conjunto de la Administración. Por otro lado se sugiere incrementar en forma gradual más que proporcionalmente las remuneraciones del presidente, ministros y directores. Esto es para evitar que un funcionario político deba contar con una fuente alternativa de ingresos, o utilizar fondos reservados.

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Los organismos descentralizados pasarán de 61 a 51. Se profundiza el proceso de tercerización y privatización.

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Con esta propuesta el Gasto Público se reduciría en $ 3.411 millones, reflejándose en un disminución de 128.354 agentes, equivalentes a 46 por ciento de las personas ocupadas. Esta reforma prevé indemnizaciones por $ 1.400 millones. Además se prevé un Programa General de Empleo y Capacitación. Adicionalmente, y para favorecer su recontratación laboral, no existirán impuestos al trabajo a cargo del empleador en el caso de estos ex agentes públicos. Se dictará además un período de emergencia laboral por el cual los reinsertados tendrían una reducción temporal de las cargas sociales.

Funcionamiento

* Este programa podría ponerse en funcionamiento en 6 meses y estar terminado en 12.

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Impulsar la reforma tributaria por ley y luego de aprobada, garantizar legalmente la estabilidad tributaria por tres años mínimo. En ese tiempo no variarían las alícuotas (salvo hacia abajo) ni la estructura tributaria.

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Mantener la estructura general sobre la base de los tributos al IVA y Ganancias.

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Eliminar todas las exenciones impositivas, además de las promociones industriales. Con esto se ahorrarían anualmente 2.900 millones de pesos, lo que permitiría reducir el IVA a 18 por ciento y volver la situación de Ganancias al punto de diciembre de 2000, esto es antes del «impuestazo» de José Luis Machinea.

Modificación

* Los impuestos adicionales (directos) deben también reducirse y aplicarlos a algunos consumos puntuales (alcohol, cigarrillos, tabaco y combustibles).

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Dentro de la AFIP, se propone que vuelva a Economía, y que se modifique el esquema administrativo del organismo recaudador. La idea es cambiar el estatuto del personal, otorgando más movilidad interna; un sistema de premios y castigos y contratos contra «performance» de recaudación. Esto es, incentivos a los fiscalizadores que detecten casos de evasión y un fondo de estímulos por equipo de trabajo.

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El titular de la AFIP debería provenir, junto con un equipo específico, de alguna de las grandes empresas de auditorías del país y con una retribución acorde.

Informes

* En el informe de la «Economía Oculta» se estima que la economía en «negro» en la Argentina llega a los u$s
64.000 millones anuales. La cifra incluye tanto la evasión impositiva como las actividades ilegales y las promociones industriales. Esto implica entre 23 y 24 por ciento del total del PBI argentino.

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La evasión en Ganancias llega a 50 por ciento, IVA a 30 por ciento, Seguridad Social 50 por ciento, autónomos 80 por ciento y a 50 por ciento los aportes en relación de dependencia.  Sobre esta base afirma FIEL que una de las políticas económicas centrales debe ser la «antievasión» y la eliminación de las promociones y exenciones impositivas.

Pero además de estas obras, que fueron especialmente citadas ayer, López Murphy trabajó en otros informes con actualidad: «La Distribución del Ingreso en la Argentina» (2000), «Regulación y Competencia de los Servicios Públicos» (1999), «Infraestructura, Ciclo y Crecimiento» (1998) y «La Reforma Previsional en la Argentina» (1998).

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