Eliminan consejos del INTA y SENASA

Como parte del plan de ajuste lanzado sobre los organismos oficiales, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, habría firmado este fin de semana la eliminación de los consejos directivos de los entes descentralizados que dependen de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

De esta forma, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) perderían los asesores y permitirían a los presupuestos de ambos organismos un ahorro de u$s 2 millones anuales, que involucraban honorarios, gastos de representación, viáticos y costos de infraestructura.

Según el decreto, se disuelven los consejos directivos rentados y se crean consejos «ad honorem» que cumplirían las mismas funciones, pero sin generar gastos al Estado.

La noticia, que surgió como fuerte rumor el viernes, ya generó una avanzada de una de las entidades ruralistas, la que se apuró a enviar un telegrama de protesta al mismo presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. No obstante, algunos sectores de decisión apoyaban la eliminación o, al menos, el aggiornamiento de los consejos de ambos organismos, ya que en algún caso, el despacho de un consejero llegó a ser casi una oficina particular más que la representación de una organización en un organismo estatal.

El consejo asesor del INTA está encabezado por el presidente y vicepresidente de la entidad (Hugo Cetrángolo y Manuel Otero), un secretario (Juan Fonzi), e integrado por ocho vocales: un representante de la Secretaría de Agricultura, otro de AACREA (Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), de las cuatro entidades del campo (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro, y dos representantes de las facultades de Veterinaria y de Agronomía.

Cada integrante del consejo cobra alrededor de $ 1.700 luego del recorte de 13% impuesto por el gobierno.A dicha suma habría que agregarle los gastos de representación, viáticos e infraestructura de trabajo (oficinas, secretarias, teléfonos) y multiplicarlo por los 9 integrantes.

En el año '96, con sueldos más altos, se calculaba que con los gastos que implicaba el consejo del INTA se podían solventar dos planes del desfinanciado ProHuerta, programa que socorría a pequeños productores. No obstante, desde la vereda de enfrente, las entidades sostenían y sostienen que la actividad de sus representantes permite un contralor de las decisiones gubernamentales a través del organismo. En ese caso, admiten algunos, no les importaría un contralor «ad honorem».

En tanto, el consejo del SENASA siempre fue más controvertido.

Está compuesto, en teoría, también por representantes de las cuatro entidades madre del campo, de la industria frigorífica y de la industria de alimentos y agroquímicos. No obstante, desde la asunción de Bernardo Cané al frente del organismo sanitario -tres meses atrás-y pese a existir una resolución con la ratificación del consejo, ésta no pudo llevarse a cabo, y hoy no se sabe con certeza quiénes integran dicho consejo, aunque algunas entidades ya nombraron a sus representantes.

Este ha sido el consejo más conflictivo con sueldos que rondaban, antes de los recortes de José Luis Machinea y Domingo Cavallo, en u$s 5.000, y hoy se ubican en alrededor de u$s 3.800 más viáticos, gastos de representación y, también, infraestructura. Muchos funcionarios trataron, años atrás, de eliminar o de reestructurar este consejo rentado de representantes, pero las medidas se debieron enfrentar a la presión de las entidades del campo que defendieron sus espacios en el organismo sanitario.

Con la entrada en vigencia del nuevo decreto -que será resistido, a partir de hoy, por una parte del sector agropecuario-, las entidades de productores y de industrias deberán decidir el nuevo grado de compromiso con el SENASA y con el INTA, dos organismos que cuentan con presupuesto propio, pero que en los últimos años sufrieron recortes que afectaron principalmente a los programas sanitarios y a los planes de asistencia.