Empleo: agencias no podrán cobrarles a los trabajadores

El secretario de Hacienda, Mario Vicens, brindó detalles, en diálogo con Ambito Financiero, de cómo funcionará el sistema de premios y castigos para los organismos estatales. Los que reduzcan gastos podrán destinar 75% del ahorro generado a mejorar las reparticiones, e incluso a dar un premio o "bonus" a los empleados públicos. Hay ciertos límites: los ahorros no deben significar menos servicio a los ciudadanos y deben ser permanentes. Es la primera vez que se ponen incentivos adecuados en la función pública para bajar y dar más eficiencia al gasto. Las reparticiones tienen 4 meses para presentar su programa de recortes. Por otra parte, el gobierno lanzará en los próximos días un proyecto de ley para regular el mercado de las agencias de empleo temporal. Este sector mueve actualmente entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo anuales y según el Poder Ejecutivo necesita reglas de juego más claras. Las empresas no les podrán cobrar ni cuotas ni porcentajes por comisiones a las personas a las que se les consiga trabajo. Además se exigirá un estricto secreto en los datos de los postulantes. Todas éstas son recomendaciones de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), organismo que afirma que en este mercado "la Argentina está atrasada".

El gobierno lanzará en las próximas semanas un proyecto de ley por el cual regulará a las agencias de personal temporario; su novedad fundamental es la prohibición del cobro de cuotas, honorarios o tarifas, además de permitir la sindicalización de este tipo de empleados. Este mercado, que actualmente manejaría entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo anuales en la Argentina, no tendría una legislación avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según se supo ayer, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional en la segunda semana de febrero (cuando en teoría el Poder Legislativo vuelva a trabajar después de las vacaciones) los textos base de lo que deberá transformarse en un proyecto de ley para controlar a las agencias de empleo temporal.

La idea del Ejecutivo es que antes de julio, cuando se realice la próxima reunión anual de la OIT, el proyecto esté aprobado o a punto de estarlo, ya que esta legislación fue especial-mente recomendada para la Argentina por el organismo.

Recomendación

Aparentemente, la OIT dijo desde su sede de Ginebra que el país no cuenta con legislación lo suficientemente moderna como para controlar la actividad de este sector. La iniciativa para avanzar en este tema surgió en los primeros días de gestión de la actual ministra de Trabajo Patricia Bullrich, que logró el jueves pasado incluir el proyecto de ley en el paquete de medidas que lanzó el gobierno de Fernando de la Rúa en la Casa Rosada como mecanismo para fomentar un nuevo «relanzamiento» de la gestión de la Alianza.

El proyecto presentado por la ministra se basa en dos documentos aprobados en 1997 por la OIT: el «Convenio sobre las Agencias de Empleo Privadas» y la «Recomendación sobre las Agencias de Empleo Privadas». Como la Argentina menciona específicamente en la Constitución Nacional, versión 1994, que deben tomarse necesariamente como válidos los acuerdos internacionales firmados por el país, existiría la obligación de aprobar el proyecto de ley con el contenido exacto de las recomendaciones de los dos documentos emitidos en 1997 por el organismo dependiente de las Naciones Unidas. En concreto, las dos medidas fundamentales que incluirá este proyecto son la prohibición para que este tipo de agencias cobren cuotas a los trabajadores a los cuales se les busca empleo, además de mencionar específicamente sus derechos.

Como todas las precisiones que incluyen los documentos deberían incluirse dentro de la ley que deberá tratar el Congreso, el contenido de éstas sería el siguiente:

La definición de agencia de empleo temporal sería «toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que tenga por objeto prestar servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo pase a ser parte de las relaciones laborales que pudieran derivarse».

Se habla además de permitir que los trabajadores tengan el derecho a sindicalizarse y a no ser discriminados por raza, color, sexo, edad, origen social, religión u opinión. Además llama a que los derechos que deben estar garantizados no estén discriminados por nivel de remuneración o preparación. La OIT llama a garantizar los datos que los buscadores de empleo deban suministrar a la empresa. Según el Ministerio de Trabajo, en la Argentina es habitual que los datos de los formularios que firman los solicitantes luego sean o vendidos o girados a otras agencias; esencialmente los de gerentes o managers que buscan cambiar de empresa.

Se establecen los datos que deberán requerir las agencias de empleo temporal a los demandantes de trabajo, además de la posibilidad de ser informados de la tarea que deberán realizar antes de ser contratados.

La «recomendación» menciona la necesidad de impedir la posibilidad de que las agencias de empleo cobren «cuotas» a los empleados que representan, hayan o no conseguido trabajo. Según menciona la OIT «las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa». En este sentido, los ingresos de la agencia deberán provenir únicamente del pago de la empresa por sus servicios.

Se llama a prohibir la posibilidad de que los trabajadores temporales sean contratados para cubrir puestos de otros empleados que estén en huelga.

Mercados

En la Argentina existen dos grandes mercados sobre los que trabajan las agencias de empleo temporal (aproximadamente hay habilitadas 200 empresas de este tipo), ambos en los extremos de la pirámide laboral.

Por un lado se encuentran las agencias que se dedican a encontrar trabajo a los sectores de menor nivel de retribución (promotoras, suplencias, viajantes o empresas que tienen una fecha concreta de finalización de una tarea). En el otro extremo están las agencias que se dedican a encontrar trabajo a ejecutivos, managers y gerentes.

El llamado a protección de datos, que hoy no está legislado en la Argentina, apunta fundamentalmente a este rubro.