Empresarios textiles y del calzado exigen al Gobierno batería de medidas para reactivar el sector

Las cámaras del sector alertaron por la "profunda crisis" que atraviesan y presentaron propuestas para apuntalar las cadenas de valor. Fuertes críticas a la política de importaciones y defensa de la competitividad de la industria nacional.

Cámaras empresarias de la industria del calzado, textil, indumentaria y marroquinería alertaron por la "profunda crisis" que atraviesan y anticiparon que la "continuidad" de este panorama pone en riesgo el futuro de unos 500 mil puestos de trabajo directos.

En un duro documento, los empresarios de estos sectores lanzaron fuertes críticas al Gobierno al tiempo que propusieron una agenda de políticas públicas entre las que se encuentran una elevación de los reintegros por exportación, beneficios en materia energética y el acceso a una moratoria impositiva a 60 meses.

Entre las causas de la crisis que atraviesan estas ramas, los empresarios pusieron el acento en la "retracción de la demanda" derivada de la caída del poder adquisitivo así como la "persistente presión" de las importaciones y la "fuga de consumidores" hacia mercados externos.

Desde el sector de la manufactura del cuero alertaron que a una caída de alrededor del 30% de las ventas también sumó el incremento de la cantidad de jugadores que proveen productos importados al mercado. A contramano de la idea de que no ingresaban al país productos del exterior, la cámara del sector informó que hasta 2015 había unos 420 importadores de productos de cuero y afines, mientras que en la actualidad ese número alcanzó los 1.420 importadores.

En ese contexto, Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines (CIMA), consideró en diálogo con ámbito.com que "la llegada a este escenario no es casualidad" porque "se llega por políticas que se tomaron que no fueron pos de la producción y el trabajo".

Los reclamos fueron presentados por las cámaras Argentina de Industriales proveedores de la Industria del Calzado(CAIPIC), de las Manufacturas de Cuero y Afines (CIMA), Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la Asociación de Curtidores bonaerense (ACUBA).

Por su parte, Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), sostuvo que los pedidos de los empresarios "no son contra del Gobierno, sino que son a favor de la industria nacional". Si bien el empresario destacó que el Gobierno "todo no lo puede hacer", sí pidió que "analicen las importaciones porque está firmando al libre albedrío". "Si el mercado estuviese sostenido como antes no estaríamos hablando de importaciones. El mercado está seco porque a la gente no le alcanza para comprar", sintetizó Sellaro.

En tanto, Yeal Kim, flamante presidente de la Fundación Pro Tejer consideró que "debemos estabilizar el nivel de actividad productiva y desarrollar un plan de expansión, inversión y generación de empleo". Asimismo, el empresario textil pidió "trabajar en forma conjunta con el Gobierno para solucionar los problemas de actividad de nuestro sector".

Lo cierto es que los empresarios consideran que el sector es competitivo y afirman que las plantas industriales nacionales "tienen niveles de eficiencia y productividad de clase mundial". En ese sentido las cámaras textiles, del calzado y del cuero sostienen que algunos factores que estructuran la "no competitividad sistémica" de la economía argentina son la "fuerte" presión tributaria, las "altas" tasas de interés y "raquíticos" los servicios financieros, entre otros.

Lejos de quedarse tras un manto de quejas, los empresarios presentaron una serie de medidas para paliar la actual crisis de actividad que enfrentan. Entre los puntos más destacados de la "agenda de acciones", las cámaras pidieron elevar los reintegros a la exportación para dinamizar la exportación del sector. En ese punto, proponen elevar los reintegros para los hilados a un 8,5%, un 10,5% para los tejidos, 12,5% para los tejidos y un 12% para el calzado.

Por otra parte, las cámaras exigieron un descuento del 20% de la tarifa eléctrica y gas por el término de seis meses al tiempo que exigieron recomponer la línea de créditos para la inversión productiva. Asimismo, solicitaron a la AFIP una moratoria impositiva de 60 meses para el eslabón productivo y comercial de estos sectores.