Las concesionarias de trenes, de subtes, colectivos y funcionarios nacionales y porteños defendieron ayer la suba en las tarifas del transporte en una audiencia pública muy politizada y cuyos resultados no serían aplicados, ya que se trata de una convocatoria de carácter «no vinculante».
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El aumento fue fuertemente cuestionado por las entidades de defensa de los usuarios, legisladores, y gremialistas, que propusieron una revisación de los sistemas de financiación y hasta la creación de una tarifa social para estudiantes, jubilados y desocupados.
La audiencia, en la que participaron más de 200 personas, se transformó por momentos en un espacio de catarsis donde algunos legisladores y representantes de usuarios esbozaron una cataratas de quejas y justificaciones que aportó poca claridad al debate.
Responsabilidad
Así se escuchó, por ejemplo, decir al subsecretario de Tránsito y Transporte de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, Horacio Blot que los aumentos en los subtes «fueron aprobados por la Legislatura», mientras que para el de los colectivos responsabilizó al gobierno nacional «al decir que era resorte exclusivo de Nación».
En tanto, la titular de Adecua, Sandra González se manifestó en contra de la audiencia «porque -dijo-la autoridad convocante en este tema debe ser el gobierno nacional».
Además de la larga lista de oradores, de la reunión surgió la intención de conformar un organismo entre Nación, la Ciudad y los municipios, para fijar las tarifas y evitar superposiciones. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 11 donde se seguirá con el debate.
