Justicia frena decreto que desregula obras sociales

La Justicia falló ayer en contra de la desregulación de obras sociales dictando una medida de no innovar que frena la aplicación del decreto de necesidad y urgencia que Fernando de la Rúa firmó el viernes de la semana pasada. El recurso contra el decreto había sido presentado por las dos CGT. El gobierno apelará hoy la medida, pero sus asesores legales consideran que la desregulación sigue vigente ya que el fallo judicial no se encuentra firme. Anoche, el ministro de Salud, Héctor Lombardo, le informó al Presidente acerca de la situación y se definieron los términos de la apelación. De todas formas, la decisión de la Justicia sigue girando en torno a una cuestión abstracta. En la práctica, la libre competencia lanzada por el gobierno sigue pendiente ya que sólo una mutual se presentó al registro de prestadoras. Los privados siguen protestando por las condiciones de la desregulación, situación que no parece poder revertirse en lo inmediato.

La Justicia falló ayer en contra del decreto de desregulación de obras sociales cuando dictó una medida de no innovar ante el recurso presentado por las dos ramas de la CGT ante la jueza federal de la Seguridad Social Adriana Lucas de Tarrabella. Con el fallo se decidió suspender momentáneamente la aplicación del Decreto 446 hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir si el decreto es o no inconstitucional. El gobierno reaccionó inmediatamente anunciando que hoy apelaría la medida.

Anoche Héctor Lombardo, ministro de Salud, se reunió con Fernando de la Rúa para explicarle los alcances de la medida judicial. En ese mismo encuentro se acordaron los términos de la apelación que presentará hoy el gobierno y los informes de los abogados que asesoran al Ejecutivo en este tema. Además, en vista de la feria judicial, es posible que la cuestión se derive hacia otro juez, que podría demorarse hasta marzo en expedirse sobre el tema. Pero en los hechos la decisión de la jueza hoy no tiene demasiada relevancia práctica.

Lo cierto es que hasta ahora la desregulación no opera por la falta de interés de las empresas en participar de ese proceso. Tal como anticipó Ambito Financiero hace dos meses, las empresas de medicina prepaga no están dispuestas a participar de la desregulación en las condiciones que fijó el gobierno. Sólo una mutual cordobesa se presentó al nuevo registro de prestadoras el primer día y ayer el Ejecutivo esperó sin éxito que se sumara alguna otra.

Medicina

«Hasta ahora se presentó una sola empresa, pero hay otras que están presionando», dijo ayer Lombardo en relación con las prestadoras privadas que no aceptan las condiciones del decreto: «No vamos a permitir que se 'chilenice' el modelo. Allí se pagan servicios adicionales y eso no lo vamos a aceptar.

Termina existiendo una medicina para pobres y otra para ricos», dijo el ministro en relación con la oposición de las empresas a las exigencias de la Prestación Médica Obligatoria y la garantía de un aporte mínimo del Estado.

Por lo tanto, en esas condiciones no hay efecto real que se haya producido hasta ahora en el mercado de las obras sociales y mucho menos algún perjuicio para los participantes en este mercado.

Vigencia

De todas formas, los asesores legales del gobierno consideran que el decreto de desregulación sigue hoy en vigencia al no estar firme todavía la decisión de la Justicia por no haberse sustanciado la apelación: «Hoy presentamos la apelación y seguimos adelante», dijo anoche Lombardo, «Si hay que hablar de inconstitucionalidad tendría que hablar de la Ley 18.160 de obras sociales, que fue dictada durante el gobierno de Onganía», protestó. La presentación ante la Justicia fue realizada por 43 obras sociales sindicales, que plantearon que no existía «necesidad y urgencia» en dictar decretos desregulatorios con seis meses de anticipación, en momentos en que «el Congreso se halla en funciones».

El 1 de enero entró en vigencia el Decreto 446, por el que 11 millones de trabajadores podrán optar por la obra social (sindical o de dirección) que deseen y, en caso de que finalmente ingresen a la competencia, por una empresa de medicina prepaga.

Pero las condiciones de esta competencia siguen sin gustar a los actores de este mercado. Ayer el sindicalismo festejaba el fallo obtenido en la Justicia: «Si las obras sociales sindicales y de dirección se oponen, y las empresas de medicina prepaga también, es porque esto apunta a la bancarización de la salud», dijo Armando Cavalieri.