Finalmente el gobierno empezó a destrabar aumentos de tarifas que venían postergados, algunos desde hace nueve años como los del gas para hogares en todo el país. Dentro de estos primeros pasos para acomodar los precios de los servicios y poder reducir los subsidios del Estado, en la agenda viene ahora, aunque no se puede precisar todavía la fecha, el alza en el precio mayorista de la energía.
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Este es el valor de la electricidad que deben percibir las empresas generadoras y que constituye aproximadamente un tercio en la tarifa final de los usuarios de todo el país. En tanto, por lo menos hasta fin de año, parecen descartados los incrementos en los boletos de colectivos y trenes suburbanos, a los que se les adjudicaron más subsidios hace dos semanas.
Por no haberse actualizado el valor mayorista de la energía, las distribuidoras consideran un precio de la energía en las tarifas de $ 35 el megavatio/hora. Esto es lo que pagan en Cammesa, la empresa controlada por el ministro Julio De Vido, que a su vez les reconoce a las generadoras un valor de $ 122 por megavatio/hora.
La diferencia se cubre con subsidios, cuyo pago se va retrasando y aumenta mes a mes el déficit de Cammesa, aunque esta empresa gerenciada en forma mixta con los privados, recibió este año tres partidas, a través de reasignaciones presupuestarias, por $ 4.343 millones.
Lo que sucede es que además del desequilibrio de los precios en el mercado local, Cammesa debe hacerse cargo, por lo menos durante los meses de bajas temperaturas, de la importación de electricidad desde Brasil y del pago del fueloil y gasoil comprado a Venezuela para sustituir el gas natural en las centrales térmicas, cuando crece el consumo residencial por el frío. Hasta donde se sabe, la mayor parte del dinero que el Tesoro asignó a Cammesa fue para cubrir importaciones.
A fines de agosto, antes de la última partida que se destinó a la compañía el 16 de este mes, Cammesa tenía una deuda con los generadores privados de $ 1.100 millones y con los agentes que dependen del Estado ( Yacyretá, Salto Grande, Atucha I y Embalse) por $ 800 millones.
Congelado
El precio de la energía mayorista está congelado para los hogares de todo el país desde 2002, aunque las distribuidoras del interior aplicaron varios ajustes, y las del área metropolitana que dependen del Estado nacional (Edesur, Edenor y Edelap) cobran la primera suba desde el 1 de agosto de este año.
Algunos funcionarios del gobierno estiman que el precio de la energía mayorista debería incrementarse alrededor de 45%, lo que significa 15% en la tarifa final porque la electricidad equivale a una tercera parte de la tarifa.
Se baraja también, como en el caso del gas, una escala que exima de ajustes a los que consumen hasta 300 kilovatios por bimestre, de 5% a 10% en la tarifa final para los que gastan entre 300 y 600 megavatios, de 10% a 15% hasta 900 megavatios, y de más de 20% para los hogares con consumos superiores a 900 megavatios, siempre en términos bimestrales.
La necesidad de reducir subsidios para mejorar las cuentas el Tesoro y de pagar a las generadoras la deuda atrasada terminaría fijando el plazo para la decisión. De hecho, las dificultades de las generadoras para manejarse con los recursos que perciben, obligaron a la Secretaría de Energía a crear un esquema especial de financiamiento, a través de Cammesa, para las reparaciones de equipos, cuando la magnitud del gasto que requieran «afecten en 50% o más el flujo de fondos».
Aunque el invierno benigno fue un alivio para el gobierno porque la crisis energética quedó disimulada, ahora los funcionarios ya están pensando en el verano y en preparar a las centrales para responder a la demanda creciente, sobre todo de hogares por el uso de aparatos de aire acondicionado.
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