El Grupo Marsans le envió ayer al Ministerio de Planificación una nota dando por terminada la negociación por el precio del grupo Aerolíneas-Austral. Las dos partes venían discutiendo el valor por el cual el grupo español se daría por bien pagado para dejar la aerolínea en manos del Estado desde el 17 de julio, cuando el secretario de Transporte decidió intervenir la compañía.
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La carta pide que se designe el «tercer evaluador» previsto en el acta-acuerdo firmada ese día, en caso de que las partes no llegaran a un valor común. Esa tercera parte -cuya evaluación sería vinculante y definitiva-debería ser designada también de común acuerdo por Marsans y el gobierno.
Sin embargo, es harto improbable que dos adversarios que difieren en casi u$s 1.000 millones su valoración de Aerolíneas-Austral, se pongan de acuerdo en el nombre del tercer evaluador.
Controversia
El tasador de parte de Marsans fue el Crédit Suisse, cuya cuenta cierra en unos u$s 350 millones a favor del grupo español; del otro lado, el Tribunal de Tasaciones dice que Aerolíneas-Austral tiene un valor negativo de cerca de u$s 600 millones.
La nota enviada ayer al ministro Julio De Vido advierte que, en caso de que no haya consenso respecto del tercer tasador, considerarán finiquitados los efectos del acta-acuerdo de julio. Esto significa, palabra más o menos, que Marsans retomaría el control de Aerolíneas-Austral, con los efectos a nivel sindical y de relación con el gobierno fácilmente imaginables.
Esta movida de Marsans podría terminar en la expropiación de la empresa, dado que difícilmente el gobierno admita que Aerolíneas -luego de votada una ley propiciando su reestatizaciónvuelva a manos de los españoles. También habrá que esperar -en caso de que se concrete esa expropiaciónuna reacción del gobierno de España.
Según fuentes de Marsans, la medida fue adoptada porque «algunas de las decisiones del gerente general Julio Alak, designado por el gobierno, están poniendo en peligro la continuidad y el futuro de la empresa».
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