Penoso: por aftosa el país dilapidó $ 12 mil millones

Más de u$s 12.000 millones acaba de perder la Argentina a partir de la reaparición de fiebre aftosa en los rodeos vacunos a mediados del año pasado. La cifra surge de los montos históricos insumidos por la lucha directa contra la enfermedad y las pérdidas ocasionadas por la misma (producción de carne, leche, mercados, etc.), que se remontan a algo más de 60 años.

De esta forma, la reaparición de la fiebre aftosa, con acusadores y acusados, se convierte en un hito histórico de cómo el país -Estado y privados-malgastó tiempo, esfuerzo y recursos económicos.

El escándalo aftosa se convierte, en consecuencia, en un fraude para la cadena de ganados y carnes, que este año hará escurrir cerca de u$s 1.000 millones adicionales de las arcas del país ya que se cancelaron todas las ventas de carne con hueso al exterior, se deberán invertir alrededor de $ 75 millones en vacunación y se generó un lucro cesante de magnitud en la ganadería por la inmovilización -intermitente-de hacienda que se produjo según las zonas de aparición de focos. Además, los recortes en litros de leche y kilos en los animales -pérdida para los ganaderos-y, especialmente, el freno a nuevas oportunidades de negocios -pérdidas para los frigoríficos y para el país-, que parecían cercanas y ahora deberán olvidarse, quizá, hasta 2005.

Con estos antecedentes, el escándalo aftosa se convierte en el traspié más importante y costoso del país, que supera en magnitud a la construcción de la represa Yacyretá, que ya consumió una inversión del Estado argentino de u$s 10.000 millones desde que se lanzó, en 1973 (contra los u$s 1.500 millones que debería haber costado, según los cálculos de 1980). Sin embargo, el escándalo Yacyretá está muy vinculado -en la memoria popular-a la corrupción pública, mientras que el caso de la aftosa se debió a negligencias históricas de privados (productores que negaron o mintieron sobre la vacunación durante muchos años) y a intereses políticos que convirtieron la aftosa en una bandera de la lucha agropecuaria, pero también en un elemento de manejo político en distintas épocas.

La fiebre aftosa es una enfermedad infecciosa que ataca a los animales con pezuña hendida o partida como vacunos, porcinos y caprinos. Sin bien muestra bajo nivel de mortandad animal, las pérdidas que provoca son enormes en producción, medidas de inmovilización, sacrificio y, finalmente, cierre de los mercados. Todo esto afectó a la Argentina desde los '40 a los '90.

Así como los mal afamados «pollos de Mazzorín» (38 mil toneladas importadas en 1986 desde Hungría y Yugoslavia por la Secretaría de Comercio Interior) costaron al fisco poco más de 50 millones de dólares (sin calcular los juicios por el no cobro de frío y las pérdidas del sector avícola) por culpa del Estado que intentó frenar un aumento de precios aunque con un procedimiento viciado de desconocimiento, el affaire de la aftosa quedará en la historia económica del país como un error similar en valor a 242 escándalos con pollos. De otra forma, podría decirse que desde los '50 hasta ahora, por esta enfermedad, la Argentina gastó cada 3 meses el costo total de los «pollos de Mazzorín».

La aftosa, enfermedad que fue diagnosticada por primera vez en el país a fines de 1870, es reconocida oficialmente -con las primeras recomendaciones para su erradicación-en 1910. A partir del año '40 comenzó a concientizarse sobre la necesidad de enfrentar el mal pero recién en el '65 comienza su control sistemático con cuatro vacunaciones por año y un esquema de control esporádico del Estado que no dio buenos resultados.

Lo cierto es que a partir del año '47 y por 13 años se realizó una vacunación anual en el país a un valor calculado -con costo operativo incluido-en u$s 1 por animal. Con las limitaciones de la época se considera que 45 millones de cabezas eran vacunadas anualmente hasta completar un valor de u$s 590 millones en ese período.

En los '60 comenzó un esquema de vacunación más riguroso.

Como parte de los planes de control el Estado exigía la presentación de los frascos vacíos de vacuna, hecho que suponía la concreción de la vacunación. Sin embargo, pasaban años de vacunación sin resultados positivos, situación que llevó a pensar que muchos ganaderos fingían la vacunación de sus rodeos. Desde los '60 hasta los '90 se realizaron 4 vacunaciones anuales sobre los rodeos -alrededor de 55 millones de cabezas-aunque cierta liviandad en los controles permite pensar que sólo 45 millones eran ciertamente inoculadas. Un simple cálculo de cuatro vacunas por año a u$s 1 cada una permite llegar a un gasto de u$s 5.400 millones en 30 años. Sobre finales de los '80 hay un punto de inflexión en la Argentina ganadera: por primera vez los productores toman conciencia de las reales pérdidas -aunque nunca se informó un número certero-que la aftosa estaba generando sobre las explotaciones. Los tamberos eran por entonces, y aún hoy, los que mayores recortes sufrían en sus ganancias diarias. La enfermedad ya era un costo fijo en la cuentas del campo, un padecimiento que hoy, tras el escándalo, vuelve a repetirse en el sector ganadero.

• Plan de lucha

Cuando el gobierno de Raúl Alfonsín llegaba a su ocaso, desde el servicio sanitario se terminaba de definir un plan de lucha contra la enfermedad que quedó en suspenso por la entrega anticipada del poder.

En tanto, los ganaderos comenzaban a agruparse en la génesis de lo que serían las fundaciones y hasta admitían en público la necesidad de hacerse cargo de la enfermedad. Muchos recuerdan cuando desde la tribuna de la Rural de principios de los '90 Guillermo Alchouron arengó a Palermo con la frase «las vacas son nuestras...», que asumía de esa forma la responsabilidad por el control de la afección. De hecho, se lanzó un plan piloto antiaftosa en Ayacucho.

Mientras el país sumaba costos por el control de la enfermedad, desde el gobierno de Carlos Menem se lanzó el Plan de Erradicación de Fiebre Aftosa, que terminó «erradicando» la enfermedad en 1994. De hecho, el 4 de abril de ese año se registró el último foco en San Cristóbal, Santa Fe.

La aparición de la vacuna oleosa, que comenzó a investigar Scholein Rivenson desde el INTA, fue uno de los puntos clave para el control de la enfermedad. La resistencia de dicha vacuna permitió pasar de 4 inoculaciones anuales a dos, hecho que facilitó el cumplimiento de productores y redujo costos de producción. A esto se sumó un esquema de vacunaciones sistemáticas, la conformación de un sistema de frío que permitió trasladar las vacunas con calidad y la organización fomentada por el Estado y asumida por los ganaderos. Se calcula que el plan de vacunación lanzado por el Estado a partir de 1990 costó $ 100 millones anuales, incluidos los costos operativos. En diez años el país gastó $ 1.000 millones en este plan aunque a dicha cuenta habría que agregarle cuánto le costó al país la pérdida de mercados al ser considerado país aftósico sin acceso a las plazas más selectas por sanidad y valor.

Finalmente se llegó al 1 de mayo del '99, que los tiempos internacionales de sanidad (impuestos por un arbitrario organismo llamado Oficina Internacional de Epizootias) indicaban como apropiado para que el país sea declarado como libre sin vacunación. Pese a la opinión en contrario o la duda de algunos especialistas, con fuerte apoyo mediático, Carlos Menem, Luis Barcos y Ricardo Novo se expusieron a la foto de la última vacunación.

Conocedores de la historia no oficial sostienen que en ese momento se realizó una lista de 14 acciones que debían cumplirse para mantener el status sanitario logrado por el país. Ninguno de ellos fue cumplido hasta agosto de 2000, cuando se comenzó a hablar de la reaparición de la enfermedad.