El defensor del pueblo de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, consideró ayer que la movilidad de las jubilaciones «es una medida esencial» y estimó que el haber mínimo debería ubicarse en $ 1.200.
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«La movilidad es un importantísimo paso hacia delante, y además cumple con lo que ha exhortado la Corte Suprema de Justicia», enfatizó el funcionario.
Semino reclamó un piso de $ 1.200 para la jubilación mínima, «tomando como referencia el salario mínimo vital y móvil». Con este monto se tendría una cobertura básica de la canasta de la clase pasiva. Al respecto señaló que los medicamentos más usados han aumentado 120% el último año.
Indicó que «por ahora, se está hablando de dos reajustes anuales a ser aplicados en junio y diciembre de cada año, y de un coeficiente entre el salario y la evolución de la recaudación» que permitirá calcular el ajuste. «Esto es positivo, pero hay que ver sobre qué base finalmente se aplicarán los aumentos, y qué pasará con la retroactividad», señaló el ombudsman. Resaltó que «tenemos que ir a un sistema que respete los aportes históricos de cada trabajador».
En diálogo con este diario el funcionario señaló que habían realizado una estimación muy preliminar sobre el impacto del posible ajuste a los 6 millones de jubilados y pensionados y que había arrojado unos $ 9.000 millones anuales.
«Calculamos un ajuste de aproximadamente $ 400 por jubilado por año», explicó Semino quien aclaró que de todos modos quedarán dos cuestiones pendientes, una, la retroactividad de los haberes postergados y la otra, sobre qué base se tomará la movilidad.
«Lo bueno de la ley que impulsa el gobierno es que corrige la norma de Cavallo que impedía la movilidad y abre el debate sobre el sistema previsional», dijo el funcionario.
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