5 de agosto 2004 - 00:00

PJ aprobaba anoche la Ley de Responsabilidad Fiscal

La diputada Hilda González de Duhalde ayer, con otros legisladores; aguardaban que PJ lograra quórum para tratar el proyecto de Responsabilidad Fiscal.
La diputada Hilda González de Duhalde ayer, con otros legisladores; aguardaban que PJ lograra quórum para tratar el proyecto de Responsabilidad Fiscal.
El justicialismo consiguió reunir quórum en Diputados y continuaba anoche debatiendo el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. Hacia las 19.30 de ayer, los peronistas festejaban en el recinto haber conseguido 130 presentes -122 propios-ayudados sólo por algunos diputados «transversales» -no Miguel Bonasso que se encuentra de viaje en Cuba-, de Convergencia, de Luis Patti y del cordobés Luis Juez. Todo el resto de la Cámara, desde radicales hasta provinciales, aristas, socialistas e izquierda se oponían a la ley y sólo ingresaron en el recinto cuando el PJ logró el múmero.

No le resultó fácil al peronismo terminar de armar acuerdos para poder iniciar la sesión
. El martes por la noche, la reunión de la bancada PJ no había sido precisamente un éxito: pocos diputados concurrieron y algunos se retiraron con exigencias provinciales, lo que aumentó la incertidumbre sobre la posibilidad de sancionar la ley ayer. Fue el caso de los cordobeses que, aprovechando la necesidad del gobierno para apurar la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, consiguieron $ 180 millones para su provincia. Así obtuvieron $ 90 millones por el déficit previsional no compensado en 2003, $ 20 millones por servicios educativos transferidos a la provincia, $ 30 millones por deudas de la Nación por el uso de cárceles cordobesas para alojar presos federales y $ 40 millones en impuestos nacionales cobrados en títulos públicos y no coparticipados. Todo fue acordado con el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, a tiempo para la hora de la sesión.

• Discusión

Una vez que el justicialismo logró el quórum para abrir el debate, los diferentes bloques de la oposición bajaron al recinto de la Cámara baja para dar la discusión -que podría extenderse hasta hoy a la madrugada-, aunque anticiparon su voto negativo a la iniciativa impulsada por el gobierno.

El proyecto que votaba anoche Diputados no convence de todas formas al FMI. El organismo, que lo había aceptado inicialmente a cambio del fallido tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación Federal de impuestos, reclama ahora que se establezcan sanciones más duras contra los funcionarios que no respeten los límites de gasto fijados en los presupuestos, nacional y provinciales, ya que el proyecto actual fija sólo penalidades financieras y la aparición del nombre del gobernador gastador en Internet.

En realidad, ya existe una norma, aunque sólo tiene vigencia para el Estado nacional, lo que es insuficiente para el Fondo. En la Ley de Presupuesto Nacional 2002, presentada en diciembre de 2001 por el justicialismo cuando ya había renunciado Fernando de la Rúa, Oscar Lamberto, como secretario de Hacienda, introdujo un artículo por el que se establece que «el funcionario que autorice o concrete actos o contratos que no hayan» cumplido con la Ley de Administración Financiera del Estado -es decir que no respete los límites del Presupuesto-«será personalmente responsable, con sus bienes patrimoniales». Esa norma, vigente aún por estar incorporada a la Complementaria Permanente del Presupuesto, nunca fue aplicada para sancionar a ningún funcionario.

• Resistencias

Dentro del complicado trámite de la Ley Fiscal, hubo incluso fuertes resistencias dentro del PJ. Por eso, para reforzar el respaldo al proyecto de los legisladores de su distrito, Felipe Solá había concurrido el martes al Congreso a defender la iniciativa ante el rechazo puntual de dos diputados del peronismo bonaerense -Marina Cassese y Daniel Basile-, que cuestionaron el proyecto y ayer no se sentaron en sus bancasa la hora de dar quórum. Ayer, mientras se desarrollaba la sesión, un fuerte operativo policial se desplegó alrededor del Congreso, ante la movilización convocada por la oposición, entidades gremiales y piqueteros que se concentraron para rechazar la sanción de la ley -que consideran una imposición del FMI-, incluyendo al Congreso dentro de su ronda de protestas del día.

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