Quieren que bancos compren más bonos

La colocación de nueva deuda pública enfrenta las aspiraciones del Palacio de Hacienda con las del Banco Central. Pero al parecer hay un obstáculo que ambos intentan resolver vía la flexibilización de una norma para que los bancos puedan comprar más títulos públicos. El tema ya está en estudio en Economía y en el Central.

Porque más allá de que el gobierno cuente con que las AFJP van a destinar una porción relevante de los aportes de los afiliados para comprar más deuda pública, la participación de los bancos en el financiamiento de los compromisos del sector público es clave este año.

Sin embargo, la posibilidad de que los bancos puedan comprar títulos públicos es hoy bastante limitada porque existe una disposición del Central (Comunicación A-3.911) que establece que, a partir de enero 2006, los bancos no podrán tener más de 40% de su activo en títulos públicos nacionales. De acuerdo con el último dato disponible de fin de 2004, los bancos se encuentran por encima de dicho límite ya que tienen invertido en bonos del gobierno 42% de sus activos.

Por lo tanto, de mantenerse vigente esta normativa varios bancos se verán obligados a liquidar parte de sus tenencias de títulos públicos, lo que será un factor de presión vendedora en el mercado de deuda.

Desde el Palacio de Hacienda, los técnicos de Roberto Lavagna estudian eliminar esta restricción. Mientras, cada vez es más factible que el ente comandado por Martín Redrado sea más flexible y permita a las entidades que incumplan este límite, reinvertir parte o la totalidad de sus tenencias en bonos públicos.

Dadas las abultadas necesidades de financiamiento del gobierno, no se puede descartar la posibilidad de que el Central termine flexibilizando la norma.

Cabe recordar que el Palacio de Hacienda planea colocar deuda por u$s 2.000 millones, lo que implica refinanciar 45% de los vencimientos de capital que operan este año. No parecería una tarea muy complicada. Pero esto implica que el gobierno estará pagando vencimientos de capital por u$s 4.420 millones al sector privado, liberando recursos por u$s 2.420 millones. O sea, que el impacto es una caída de la oferta neta de títulos públicos.